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El ají de Gastón

La admiración y respeto que ha ganado la cocina peruana, en el Perú y el mundo, le debe mucho a Gastón Acurio; pero su participación en el culto por nuestra comida tiene un componente adicional, Gastón ha estructurado un discurso no solo en pro de nuestra cocina sino que la ha convertido en un factor de orgullo y cohesión social.

Su visión de la cocina peruana y del ejercicio de la profesión de cocinero no es individualista o mercantilista, tiene por el contrario un claro componente de lo que hoy llaman inclusión social y en la práctica es una magnífica manera de ejercer la ciudadanía. En resumen, un esfuerzo encomiable y un ejemplo para todas las profesiones. Así las cosas, Gastón y su causa son dos íconos que debemos valorar y preservar, y precisamente por eso quisiera referir un hecho preocupante que lo vincula.

En las últimas semanas se ha promocionado intensamente por la televisión un producto llamado Ají Tarí, utilizando en su promoción la imagen de Gastón, cuya foto aparece en el envase; más aún, el propio Gastón recomienda el producto en los anuncios publicitarios. Hasta aquí todo bien, todo en regla. No obstante, cuando se tiene el sachet de ají en la mano notamos de inmediato una flagrante omisión: ni en el anverso ni en el reverso aparecen los componentes del producto, es decir, la información que necesita el consumidor para conocer si el citado producto tiene algún elemento que pudiera comprometer su salud.

Se trata de una información fundamental para la decisión de consumo, para cumplir con el mandato constitucional de protección de los consumidores. Por eso el Código de Consumo, refiriéndose a los alimentos y medicamentos, establece con claridad que los proveedores están obligados a difundir de manera visible y legible la información sobre ingredientes y componentes (art. 10). El propósito de la norma es reducir la situación de desventaja y asimetría informativa en la que ordinariamente se encuentra el consumidor, de modo que pueda tomar una decisión de consumo eficiente, para lo cual se exige que se le traslade lo que en doctrina se conoce como información relevante.

Pero además del Código, los proveedores están obligados a respetar las normas sectoriales de rotulado. En líneas generales, rotulado es toda información que se debe imprimir o adherir al envase del producto, por exigencia normativa, sobre ingredientes y componentes, sin considerar en esto la publicidad. La importancia de los datos contenidos en el rotulado es evidente, pues en la práctica este es el principal medio de información al que accede el consumidor interesado en el producto, y esta información puede estar directamente relacionada con su salud. Así, por ejemplo, la ausencia de esta información sobre los componentes e ingredientes del producto impide que los consumidores alérgicos a alguno de ellos (colorantes, saborizantes, etc.) puedan advertirlo.

Líneas arriba me referí a una flagrante (evidente) omisión, porque la información que debería aparecer a la vista, en realidad aparece oculta; sucede que los fabricantes la han colocado maliciosamente en la base del envase, aquella parte que no se ve, que se coloca en contacto con la mesa, pero además esta información se presenta en letra minúscula, lo cual hace improbable que sea leída íntegramente por la forma y los pliegues de esa parte del envase. Hay aquí otra infracción al deber de advertencia a que están obligados los fabricantes y comerciantes, pues la ley exige que la información sea colocada de un modo fácil y accesible. La forma y el lugar donde se ha ubicado revela un claro desapego a las reglas de información y transparencia que deben regir las relaciones de mercado y en especial las de consumo.

En la época en que se debatía el Código había un grupo de empresarios mercantilistas que se oponían a él, Gastón apoyó el Código sin ambages opinando sobre la necesidad de aprobarlo, por eso estoy convencido de que él no ha reparado en esta infracción al derecho de los consumidores y esta inaceptable conducta de los fabricantes.

No solo simpatizo con la causa de los cocineros peruanos que él lidera, sino que me adhiero a su manera de ejercer la profesión que, como he dicho, es una magnífica forma de ejercer la ciudadanía, y por eso mismo creo que es urgente que se corrija el rotulado del producto Ají Tarí. No es justo que se dañe la imagen de Gastón de esa forma y menos aún que él lo permita.

Publicado en el Periódico La Ley, Año 5, N° 51, Pág. 14, del 1 al 30 de abril de 2012

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Adiós Defensor

El miércoles por la madrugada falleció Jorge Santistevan de Noriega, el primer Defensor del Pueblo de nuestro país, quien a lo largo de su vida y en su paso por la función pública demostró su extraordinario compromiso con la defensa de la persona. Lo conocí muy bien, no solo fuimos buenos amigos sino socios en un estudio legal, por lo que puedo dar testimonio de la gran pérdida que significa su deceso para el Perú.

En un país donde son dificilísimos los consensos, Jorge Santistevan fue considerado por todos un estupendo Defensor. Sobre esta institución solía decir que “no está en la naturaleza del poder y de los poderosos autolimitarse, que la tentación al exceso e incluso al abuso está en su esencia, por eso existen los derechos humanos y por eso deben existir las instituciones que controlen el poder y garanticen estos derechos”, y subrayaba que “la Defensoría es uno de los mejores inventos legales con este propósito”. Por ello creo que nadie mejor que él para haber sido el primer Defensor del Pueblo y el verdadero constructor de esta institución (1996 al 2000).

Pero su compromiso con los derechos fundamentales no comienza con su paso por la Defensoría, antes ya había tenido una notable labor como funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1981 – 1991).

Jorge, además, era dueño de una personalidad imantada y de un respeto permanente por los demás, de ahí que fácilmente se ganaba el aprecio y el afecto de las personas. Recuerdo que se lamentaba por su “incapacidad” para la empresa, para los negocios, pero en compensación solía decir que “la solidaridad, el afecto que se entrega, es una inversión que nunca fracasa”.

Tal vez algo que no todos conocen es que Jorge fue un apasionado del teatro. En una época de su vida fue actor, incluso hace apenas casi un año interpretó la obra “Aunque todo el cuerpo muera”, que trata del último día en la vida y mente de Raphael Lemkin, quien acuñó la palabra genocidio. Y quizás, precisamente por su conocimiento del teatro y su particular visión de la vida, decía que el hombre vive sin ensayar, es un actor en escena permanentemente; lo que nos sucede, nos pasa una única vez, por eso en la vida hay que “actuar” lo mejor posible, pensando no solo en cómo nuestra actuación nos afecta sino cómo afectará a los demás.

Fue consecuente con la idea que tenía de que no depende de nosotros decidir cuánto viviremos, pero sí, hacerlo plena e intensamente, y eso solo se logra viviendo en armonía con los demás, pero Jorge en realidad fue mucho más allá. Recuerdo que un día saliendo de un restaurante lo abordó un hombre que cuidaba los autos, lo saludó, le besó la mano, se trataba de un hombre inocente que había estado muchos años preso que logró su libertad gracias a su intervención como Defensor.

Sí, Jorge Santistevan es un buen ejemplo de que ni la toga ni ningún cargo público son los que confieren estatura moral a un hombre, sino el cumplimiento del deber a cualquier costo, este es el legado de Jorge: una vida entregada al prójimo, un legado de ciudadanía invalorable. Si bien su ausencia será una enorme pérdida, el mejor homenaje que le podemos rendir es seguir su ejemplo… Adiós, querido Defensor.

Publicado en diario El Comercio, Sección Opinión, pág. A26, viernes 20 de abril del 2012.

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Las Mentes del Futuro

“Los imperios del futuro serán imperios de la mente”

Winston Churchill

Howard Gardner, especialista en neuropsicología, profesor de Harvard y conocido por su teoría de las inteligencias múltiples, presentó hace ya algunos años su libro Las cinco Mentes del Futuro, que trata sobre las capacidades cognitivas que en el futuro serán las más valoradas.

Aunque la obra se ocupa de estas capacidades, en el fondo Gardner no deja escapar la oportunidad para plantear un problema clave en la educación actual: se sigue preparando  a los estudiantes para el mundo del pasado, un mundo que está dejando de existir y no para el mundo del futuro, el imperio de las mentes del que hablaba  Churchill.

El libro arranca de la idea, a estas alturas incontrastable, de que vivimos en un mundo conectado, gobernado por la ciencia y la tecnología, pero que en las escuelas y universidades  no enseñamos formas científicas de pensar y menos aún  desarrollamos individuos con capacidades de síntesis y creativas. El modelo educativo sigue siendo un modelo jerárquico, autoritario, memorístico. Este modelo caduco era propio de un mercado y una sociedad en la que se apreciaban otros valores como la organización jerárquica y la capacidad memorística (piénsese en las grandes empresas surgidas en la segunda revolución industrial). Hoy que la tecnología pone a nuestro alcance herramientas tecnológicas con motores de búsqueda que superan infinitamente las capacidades tradicionales, estas no resultan ser tan apreciadas.

Gardner de cara al futuro postula cinco mentes que serán valoradas. La primera de ellas es la mente disciplinada, aquella que sabe trabajar de manera constante a lo largo del tiempo para mejorar las habilidades y la comprensión. El autor sostiene que las investigaciones realizadas confirman que es preciso dedicar diez años al dominio de una disciplina, y que si el individuo no cuenta en su acervo con el dominio de una disciplina estará condenado a seguir el paso que le marquen los demás. Esta elección se justifica en una época en la que la ciencia y la tecnología tienen y seguirán teniendo una preponderancia indiscutible.

La segunda mente es la sintética, y era previsible que Gardner así lo considerara en un mundo cambiante y plagado de información. Una mente capaz de recabar información de fuentes dispares, que comprende y evalúa esa información con objetividad y le imprime sentido. La capacidad de sintetizar será decisiva en el futuro.

Otra de las mentes que se valorará es la creativa, que apoyada en la disciplina y la síntesis abrirá nuevos caminos a quien la posea. Presentará una nueva visión de las cosas, permitirá plantear nuevas preguntas, nuevas ideas, nuevas respuestas, en suma, nuevas formas de pensar.

Pero además, Gardner reconoce que en la actualidad nadie puede permanecer encerrado en su esfera y por ello el hombre tendrá que aceptar las diferencias de grupos e individuos y aprender a interrelacionarse y trabajar con ellos. Esta es la mente tolerante o respetuosa.

Por último, el autor considera que la mente ética, aquella que reconoce que su actuación trasciende el ámbito personal e involucra no solo a su entorno, será también muy valiosa, porque la conexión en el futuro no solo será digital, el individuo conectado lo será en distintos planos.

Desde luego estas no son las únicas mentes, Gardner reconoce que existen otras que serán también apreciadas como la mente tecnológica o la mente flexible. Pero lo importante es que: “La educación es de forma inherente una cuestión de metas y valores humanos”, y precisamente por eso es  indispensable saber qué se valorará en el futuro si no se quiere segar  profesionalmente la vida de millones de jóvenes.

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Idealismo o Realismo Jurídico

El hombre es una animal legalista, se pasa la vida creando leyes, y –como afirma Fernando Savater– a diferencia de los otros animales que solo tienen código genético, nosotros tenemos numerosos códigos legales que nos permiten la convivencia social. Pero a menudo exageramos, caemos en la ilusión de creer que los derechos  pueden cambiar en automático la realidad. Esta ilusión tiene relación con la idea de que los derechos son gratis, alimentada por los populista del Derecho, y que por ello podemos indiscriminadamente crear derechos. Pero la realidad es muy distinta, no hay derechos sin fondos públicos, sin presupuesto. Desde el más liberal de los derechos como es la propiedad hasta el más social de todos como es el derecho a la salud, sin excepción tienen costo, pero además requieren la acción del Estado.

Sin Estado eficiente no hay libertades ni ningún derecho “garantizado” por nuestra Constitución. La iniciativa privada, y todas las libertades económicas no son posibles sin la acción pública del Estado. Sí, es una paradoja pero es real, quien garantiza el respeto de la esfera privada y desde luego  la libertad, es también quien puede ser su mayor verdugo. Porque no hay derecho sin Estado, pero al propio tiempo el Estado puede ser el mayor peligro para la libertad, por eso todo sistema jurídico consiste en un equilibrio.

Un Estado ineficiente, incapaz de crear las condiciones para que los particulares generen riqueza, y por lo tanto, para contar con impuestos  suficientes, no puede garantizar a sus ciudadanos derechos reales. Los gobiernos ineficientes solo pueden ofrecer a sus ciudadanos libertades nominales, derechos meramente declarativos. Los derechos para que realmente existan, no solo necesitan que el sistema los reconozca, requieren de economía, es decir, de la posibilidad de cobrar impuestos. Si no se cuenta con recursos solo se podrá tener “derechos vacíos”.

El reconocimiento de que los derechos cuestan y que es inevitable la acción del Estado para su respeto, introduce una cuota de realismo en el Derecho y en la producción normativa, porque inevitablemente conduce a reconocer también que no es posible darle la misma prioridad – asignación presupuestal – a todos los derechos. Cerrar los ojos a esta realidad nos ahorra la difícil decisión de escoger, priorizar, pero nos conduce al populismo jurídico que ha expandido la idea de que los derechos fundamentales no cuestan y ha multiplicado indiscriminadamente los derechos.

Sin embargo, si bien los juristas saben que los derechos no son gratis, saben también que aun cuando no es posible la aplicación inmediata de todos los derechos, no solo por la falta de recursos, sino por que en muchas ocasiones es necesario un largo proceso de internalización de estos  derechos en la sociedad,  igual su reconocimiento en el sistema jurídico tiene un alto valor, pues estas normas a la larga imponen estándar de conducta a la sociedad y al Estado que apuntan a su desarrollo y al respeto de la persona.

Por ejemplo, que sea imposible que de la noche a la mañana desaparezcan las diferentes desigualdades en la sociedad e incluso que se aminoren sustantivamente en un corto periodo, no debería conducirnos a desconocer el derecho a la igualdad. Afirmar que los derechos cuestan no sugiere que no se produzcan o que este sea el único factor a considerar para su creación.

Lo que hay que tener presente es que la calidad de los derechos depende del grado de internalización en la sociedad de estos derechos, de la economía y  de la directa acción estatal. Si bien un Estado ineficiente hará que la calidad de los derechos sea muy pobre y de limitado alcance, igual conspira contra la realidad de los derechos  una sociedad carente de conciencia de estos.

En suma, si bien los derechos representan valores que la sociedad considera importante defender e impone estándares de actuación, sin economía y sin un Estado eficiente tales derechos serán simples declaraciones y su multiplicación solo nos conducirá al idealismo jurídico.

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El Presidente y la Defensa del Consumidor

“La causa de la defensa del consumidor está en el corazón de nuestro gobierno”. Esta frase no fue pronunciada por un activista de consumo o por un líder izquierdista sino por el presidente chileno Sebastián Piñera, en octubre pasado, durante la promulgación de una ley que agiliza las demandas colectivas por daño a los consumidores. Coherente con esta afirmación, su ministro de economía ha dicho que el gobierno chileno ha decidido “empoderar al consumidor”.

Son frases que revelan una visión moderna de la política y de los reales intereses de los ciudadanos, expresadas por políticos que entienden que los tiempos han cambiado y que es necesario extender de manera efectiva los derechos de las personas en el mercado.

Mientras tanto, en el Perú, el tema se sigue viendo por la mayoría de políticos como un asunto menor, de interés marginal o que en todo caso se trata solo de simples operaciones de mercado. Gravísimo error porque todo lo que tiene que ver con operaciones de consumo involucra a millones de personas, por ejemplo, existen más de 28 millones de celulares, cerca de 7 millones de tarjetas de crédito, más de 3 millones de contratos de servicios educativos (colegios, institutos, universidades) con centros particulares, para no referirnos a la salud, la alimentación y un larga lista de etcéteras. Todas estas son operaciones de consumo detrás de las cuales existen personas, familias que ven en ellas comprometidas sus aspiraciones e incluso su calidad de vida.

Prueba de esta afirmación es que luego de 18 meses de vigencia del Código del Consumidor las cosas no han variado sustancialmente para los consumidores. Pareciera que quienes conducen la autoridad de consumo (Indecopi) y los demás entes reguladores no han comprendido la importancia y la urgencia de implementar adecuadamente esta norma.

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El Poder Judicial paga en 171 años: La Arbitrariedad de una Sentencia

Si miramos la jurisprudencia que producimos sabremos el país en el que vivimos. Porque “la jurisprudencia es la expresión más genuina del Derecho de un pueblo”. Y la verdad, salvo honrosas excepciones y esfuerzos encomiables, en general no es que nos podamos enorgullecer de nuestra jurisprudencia.

Una de esas excepciones es el caso de don Justo Caparo Zamalloa, un anciano de ochenta años, quien luego de mucho litigar contra el Poder Judicial para que le paguen su pensión de jubilación nivelada que ascendía a 257,863 nuevos soles, tuvo que iniciar otro proceso para que se cumpla la sentencia, porque el “Poder de la Justicia” en el Perú decidió ejecutar la sentencia pagando 1,500 nuevos soles por año, es decir, en 171 años, o si se prefiere cuando don Justo cumpla 251 años. Más irracional, más injusta no podía ser una sentencia.

En efecto, don Justo presentó una demanda de amparo contra el juzgado contencioso-administrativo del Cusco y contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de dicho departamento, solicitando que se trabe embargo por 300 mil nuevos soles en las cuentas del Poder Judicial, pues en un proceso contencioso-administrativo venció al propio Poder Judicial para que se cumpla con pagarle su “pensión de jubilación nivelada”. La acción de amparo presentada por don Justo fue declarada infundada en todas las instancias del Poder Judicial, por eso don Justo, que por las puras no lleva ese nombre, ni corto ni perezoso presentó un recurso de agravio constitucional ante el TC… porque ya estaba bueno de agravios.

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Debilidad Judicial y Beneficios Terroristas

Vamos a decirlo sin ambages, la autorización de viaje a personas condenadas por terrorismo, favorecidas con el beneficio penitenciario denominado liberación condicional, no pasa el análisis de “juicio de legalidad”, al que ha apelado el Presidente del Poder Judicial para defender a los jueces que han otorgados estos permisos.

La base del beneficio penitenciario denominado liberación condicional es el cumplimiento de la regla de no salir del país.  Así se colige del Art.º 6 del D. Leg. 923, que señala textualmente: “El Juez Penal al establecer el beneficio penitenciario…, dispondrá el impedimento de salida del país del liberado y le impondrá las siguientes reglas de conducta…”, y a continuación se enumeran algunas reglas tales como la prohibición de portar armas o explosivos, no tomar contacto con personas vinculadas al terrorismo, entre otras.

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El caso Chehade en la Fiscalía

 

Si bien la decisión del Fiscal de la Nación de inhibirse de investigar el caso Chehade se ajusta al texto de la Constitución, el fiscal ha desaprovechado la oportunidad para defender sus fueros y cuestionar los excesivos privilegios que tienen algunos altos funcionarios del Estado, que no contribuyen a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción.

Las recientes declaraciones del más alto funcionario del Ministerio Público revelan una cierta resignación frente al modelo burocrático de la Fiscalía. Literalmente el fiscal ha dicho que el Ministerio Público, en el caso Chehade, no tiene más remedio que hacer lo que le diga el Congreso. Si bien esto se ajusta al texto del artículo 99 de la Constitución, que establece que los altos funcionarios son acusados por el propio Congreso a través de la Comisión Permanente, atando de manos a la Ministerio Público, ha desaprovechado la oportunidad para denunciar que tanto el artículo 99 como el 100 de nuestra Carta constituyen una discutible limitación al principio de igualdad ante la ley y a la autonomía de Ministerio Público.

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Reinventar la Abogacía Ya

 

¿Lo que hemos aprendido en las facultades de Derecho nos ayudará hacer frente a un mercado masificado de abogados? Muy pocos han recibido una formación que les permita entender y encarar los procesos de cambio que experimenta el mundo y su impacto en el Derecho y en la abogacía. Por eso no es aventurado afirmar que la gran mayoría no estará en condiciones de hacer frente a los desafíos de un mercado sobrepoblado de abogados, que exige innovación, eficiencia y competitividad.

Si la abogacía es una de las carreras más tradicionales y con mayor número de estudiantes, ¿por qué muchos jóvenes quieren seguir estudiando Derecho? Tal vez sea porque intuyen que los hombres de leyes son dueños de un poder que les da una ventaja sobre el resto de profesionales. Si la sociedad existe y somos lo que somos (médico, policía, funcionario público, empresario, ciudadano, esposo, hijo, etc.) es gracias a la ley, porque ella lo ordena, lo regula todo, y aparentemente quien conozca sus secretos será una suerte de “brujo moderno”. Sin embargo, esto no es verdad, o cuando menos no es toda la verdad, pues las sociedades y los mercados son mucho más complejos y siempre la realidad supera la ley; además los más listos pronto descubrirán que la mayoría de facultades están habitadas de “profesores” que solo saben Derecho  – y en algunos casos ni siquiera eso – pero desconocen los secretos de competir en el mercado, no comprenden lo que está pasando en el mundo y menos entienden los cambios que ha experimentado el Derecho moderno y la abogacía. No podrán por lo tanto revelarles ninguno de los secretos que  precisa conocer el abogado moderno para ingresar y mantenerse exitosamente en el mercado.

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La segunda vicepresidencia de la República

 

La figura del vicepresidente aparece por primera vez en nuestro Derecho con la Constitución de 1823 (art. 76), que solo previó una vicepresidencia. Desde esta temprana fecha esta figura carecía de mayores competencias y se establecía de un modo genérico que reemplazaba al Presidente en caso de muerte, renuncia o destitución.

Fue la Constituciónde 1828 (art. 83) la que amplió las circunstancias en las que el vicepresidente asumía competencias, extendiéndolas a los casos en que el Presidente se ausentara del territorio. Pero es la Carta de 1860 la que introdujo la figura del segundo vicepresidente (art. 91), estableciendo que se “encarga del mando” y no solo del despacho administrativo como hoy puntualmente dispone la Constitución. Según los historiadores del Derecho peruano, la figura del segundo vicepresidente se introduce para atemperar los ímpetus del primer vicepresidente, que por aquellos primeros años de la República solía conspirar contra el Presidente.

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