Ríos de Leyes y Abuso de Derechos


Cada media hora se crea una norma. No hay duda que en materia normativa hemos sido productivos en esta última década (2001-2010), durante la cual el Estado ha llegado a sumar 200,000 normas más al sistema legislativo, a razón de un promedio anual de 19,000 dispositivos. Durante la década pasada el promedio anual fue de 12,000 normas. Suponiendo que el diario oficial “El Peruano” editase un solo ejemplar, en los diez años que han acabado habría empleado más de 51 kilómetros de papel para publicar estas normas, es decir, una longitud mayor al recorrido de la maratón de Nueva York. Todos estos datos se encuentran en el informe “Perú, país de las leyes”, elaborado por la Gaceta Jurídica.

Dicho informe revela, además, la manera desprolija y clandestina como se “legisla” en ciertas partes del país y por algunos entes estatales, es decir, se dan normas que no se publican o solo se conocen parcialmente pero igual se aplican, violándose de este modo el principio constitucional de publicidad de las disposiciones. A esto se añade el uso distorsionado de los decretos de urgencia (635 en la última década), que pese a que según la Constitución son medidas extraordinarias y solo utilizables en materia económica y financiera, en la práctica se han convertido en una fuente ordinaria de producción normativa del Ejecutivo para regular distintas materias. Peor aún es la desnaturalización de las fe de erratas que, de acuerdo a la ley, solo deben usarse para corregir errores materiales generados al momento de la publicación de las normas. No obstante, en la década que culmina se han dado 4,300 fe de erratas, y ha habido un claro abuso en su utilización, pues se ha echado mano de ellas para modificar textos normativos e incluso para añadir nuevos textos.

Todo esto confirma una situación preocupante: el gigantesco volumen de normas, la forma de legislar y la diversidad de entes estatales con facultad normativa, hacen de nuestro ordenamiento legal un laberinto jurídico que no ofrece seguridad e incrementa la conflictividad, pues en este gigantesco dédalo de leyes, toda pretensión puede hallar “fundamento”.

Como afirmaba Wendell Holmes, “el Derecho esencialmente es una ciencia predictiva”, nos permite saber cuál es el límite de nuestra conducta y cuál es el límite de la conducta del otro; esto es esencial para los ciudadanos, para las empresas y para el propio Estado. En la agenda institucional de los próximos años la reforma y la sistematización legislativa es un punto esencial. La actual situación del sistema legal y del sistema de administración de justicia –otro de los grandes temas de la agenda nacional– conspira claramente contra la consolidación del crecimiento económico y del desarrollo social. Desde luego no será una tarea fácil pero es indispensable. Por lo pronto, se podría empezar con la creación de un gran portal normativo del Estado y que se obligue a que todos los entes con facultad normativa a alojar todas sus normas en esta web. Esto no cuesta mucho y, sin duda contribuirá con la difusión y acceso a las normas legales.

La mejor manera de conocer un país son sus leyes y lo que hacen los gobernantes y sus ciudadanos con ellas. El informe antes mencionado revela con claridad lo que los gobernantes han hecho con las leyes en la última década y , al propi tiempo, el desafío que tiene el país.

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Artículo publicado en el diario “El Comercio”  31-01-2011.

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