Reforma Constitucional y Rol del Estado


Luego del discurso presidencial y de las declaraciones de un conjunto de autoridades del nuevo gobierno, se ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución, particularmente en materia económica.

Sobre este punto hay que recordar que nuestra actual Carta reconoce que la iniciativa  privada, en materia económica, es un aspecto de la libertad de la persona, un ámbito fundamental sin cuya protección es muy difícil  el desarrollo del sujeto. De ahí que la iniciativa privada tenga estatus de derecho fundamental y al propio tiempo sea considerada la base de nuestro modelo económico. En esta línea, para la Constitución, son los particulares, y no el Estado, los encargados de crear riqueza. Por eso nuestro Código Político garantiza, junto con la iniciativa privada, la libertad de empresa, la libre contratación, la propiedad, la libre competencia, y en principio le asigna al Estado un rol distinto.

El rol del Estado ha sido y es uno de los grandes problemas del constitucionalismo moderno y una de las mayores preocupaciones de toda Constitución. La razón es obvia, el Estado es la personificación del poder; el gobierno, la facultad legislativa, la administración de justicia son solo algunos de los rostros de su enorme poder. Pero no solo concentra el poder político, también posee un gran poder económico.  En este ámbito sus modos de actuar son diversos: estableciendo el marco legal dentro del cual funcionará el mercado, cumpliendo la función de regulador y atajando las disfunciones y abusos del mercado, e incluso, interviniendo en el mercado directamente mediante actividad empresarial.

Es indiscutible que el éxito de la economía de un país depende en gran parte del papel que el Estado juegue en el mercado. Una injustificada participación del Estado en la actividad empresarial genera un daño irreparable en la economía, pues no solo no crea riqueza sino que incrementa el gasto público, desalienta la inversión y debilita el mercado. Para evitar este riesgo nuestra  Constitución ha sancionado el llamado principio de subsidiariedad, que en la práctica se refiere a las relaciones entre el individuo y el Estado, tanto en el ámbito político como económico. En otras palabras, cuál ha de ser el grado de participación del Estado, y cuál el grado de libertad de los ciudadanos.

Para nuestra Carta, el Estado solo participa en el mercado como agente económico cuando no exista iniciativa privada capaz de satisfacer la demanda. Sin embargo, debe quedar claro que la participación del Estado en la economía no está vedada de manera absoluta, solo se encuentra restringida al cumplimiento de determinados requisitos: inexistencia de oferta privada, ley autoritativa, alto interés público y manifiesta conveniencia social; condiciones que necesariamente deberán ser concurrentes.

Solo entonces el Estado podrá realizar actividad empresarial; no obstante, incluso en este caso, tal actividad debe guardar armonía con el principio de igualdad de trato, lo que implica que las empresas estatales no deben gozar de ningún tipo de privilegio tributario ni de ninguna otra clase. En suma, en este aspecto no es necesario reformar la Constitución, el Estado sí puede ser propietario de empresas públicas pero de manera excepcional y en un ámbito  restringido, respetando los límites señalados. Por último, lo que hasta el día de hoy no se ha hecho y habría que fortalecer es la eficiencia del Estado, en particular su rol regulador, de modo que cumpla el precepto que establece que estamos en una economía social de mercado. Esto bien se puede hacer con la actual Constitución, solo se requiere decisión política.

Artículo publicado en el diario “El Comercio”. 2011-08-08.

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