Privacidad Económica de los Candidatos


La omisión de presentar información sobre el patrimonio e ingresos económicos, de los candidatos a la presidencia y de los congresistas es una conducta claramente antidemocrática, y deja mucho que desear la manera como ha interpretado la Constitución el JNE, al no exigir la entrega de esta información.

El derecho a la información que tienen los electores, garantizado por la Constitución, no se refiere solo a sus planes o propuestas políticas y a su hoja de vida profesional y laboral, sino que también incluye su información económica, es decir, su patrimonio y sus fuentes de ingresos. No se trata de una información baladí en la medida en que dichos postulantes aspiran a conducir el Estado, aprobar y gestionar el presupuesto de la República que asciende a cerca de 88 mil millones de soles.

Este derecho se funda en la necesidad de transparencia, y al mismo tiempo constituye una forma de control ciudadano de quienes postulan a tan importantes cargos. La ausencia de este nivel de participación de la sociedad, en el proceso electoral, es peligrosa para la consolidación de una sociedad democrática, pues genera una antesala propicia para futuras conductas corruptas dentro de la gestión gubernamental y propicia políticas de intolerancia. Si en su condición de candidatos no están dispuestos a revelar esta información, qué podemos esperar cuando ya sean autoridades.

Definitivamente el JNE no puede interpretar que esta es una información de menor importancia y calificarla como opcional. No hay en esto ninguna afectación a la privacidad económica de los candidatos; por lo demás, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia  ha reconocido que los hombres públicos consciente y voluntariamente han decidido someterse al escrutinio público.

En tal sentido ningún político puede pretender que el origen de su patrimonio y sus fuentes de ingreso estén ajenos al ojo público, pues su eventual paso por el Estado estará vinculado a los recursos del Estado, y su conducta afectará a millones de personas.

Artículo Publicado en “La Ley” , enero 2011.

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