Privacidad en la Era Digital


Uno de los derechos fundamentales más amenazado en las dos últimas décadas es la  privacidad de las personas, y una de las más serias amenazas está vinculada al incontenible avance de la tecnología de la información, sobre todo a la capacidad de captura, almacenamiento, procesamiento y distribución de los datos personales con que hoy cuentan las empresas y el propio Estado. La libertad y agresividad con que se usan las herramientas  tecnológicas para conseguir información han colocado a la privacidad en una situación extremadamente delicada y expuesta a que actores privados en el mercado y las propias instituciones públicas trasmitan, distorsionen, descontextualicen, y terminen apropiándose y comercializando estos datos.

En el mundo moderno, en el que nos ha tocado vivir, es casi inevitable que gran parte de nuestros datos personales sean conocidos: hábitos de consumo, historial médico, información financiera, tarjetas de crédito que usamos, lugar donde trabajamos o estudiamos, viajes que realizamos, banco que utilizamos; además de nuestra dirección electrónica, número telefónico, y muchísimos datos más.  Toda esta información es capturada por modernas computadoras provistas de sofisticados softwares que “nos vigilan”, atentos para registrar cada paso, cada transacción que realizamos en la web. Todos esto sin que lo sepamos y menos aun que lo hayamos autorizado. El Estado mismo tiene muchos de nuestros datos, que obtiene cuando pagamos impuestos, compramos y registramos un inmueble o un vehículo, asistimos a una escuela o universidad pública o si nos atendemos en algún hospital público.

Así, parte de nuestra privacidad ya no nos pertenece e incluso tales datos pueden ser utilizados en contra de nuestros intereses, esto debido al absoluto descontrol en el manejo de estos datos, que permiten su “apropiación” y su tráfico en el mercado; por ejemplo cuando las empresas de seguro comparten información sobre los asegurados – pacientes – y esta información se utiliza en su perjuicio a la hora de renovar el seguro y determinar los alcances de su cobertura.

Como era obvio en este nuevo contexto, el Derecho ha reaccionado mutando la noción de privacidad, enriqueciéndola, pasando de una concepción cerrada -consistente, tradicionalmente, en el derecho a estar solo, a apartarse y que se respete una zona de intangibilidad del individuo-,  a una noción más abierta y dinámica donde se reconoce que este derecho otorga a la persona un poder de control sobre sus datos personales, que individual o conjuntamente, se consideran sensibles.  En esta línea la doctrina ha sostenido que “El peligro para la privacidad del individuo no radica en que se acumule información sobre él, sino más bien en que se pierda capacidad de disposición sobre ella, y respecto a quién y con qué objeto se transmite” (Benda).

De este modo, en la actualidad, la intimidad más que un apartarse, que un aislarse, supone el control, el derecho a determinar el manejo y destino de nuestros datos y cómo estos se vinculan con los datos de otros, siempre que ello afecte nuestra privacidad. La reciente “Ley de Protección de Datos Personales” (Ley N°29733), apunta en esta dirección, y en líneas generales se trata de una buena norma, un buen paso para crear un marco jurídico de protección de los derechos vinculados a la privacidad.

La norma se ocupa de ratificar el derecho de autotutela informativa, es decir, el derecho a decidir sobre el destino y nivel de confidencialidad de determinados datos personales, en particular los denominados datos sensibles, que dicho sea de paso, la norma se ocupa de definir, señalando que están constituidos por aquella información que puede identificar al titular, referida al origen racial y étnico; o a opiniones o convicciones políticas, religiosas, o datos relacionados con la salud o vida sexual e incluso información económica, entre otras.

Puede comprobarse por último, que el dispositivo reconoce y en otros casos refuerza derechos tales como el de acceso, es decir, a obtener información que sobre la persona  esté siendo objeto de tratamiento en una base de datos; o el derecho de actualización, inclusión, rectificación e incluso supresión de sus datos personales objeto de tratamiento, cuando exista fundada razón para ello; o el de impedir el suministro, en particular cuando afecten derechos fundamentales.

En suma, una buena norma que si bien no solucionará el problema, pues el avance tecnológico es incontenible, puede ayudar a comenzar a crear una cultura de protección de la privacidad, frente al nudismo digital generalizado de las nuevas generaciones.

Artículo publicado en “La Ley”, julio 2011.

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