Perú País de Abogados


El Perú es un país atestado de abogados que incumplen la ley y que desconocen el Derecho. ¿Cómo puede darse esta paradoja? El mundo de la justicia y la ley es un mundo poblado de abogados, creado y activado por los hombres de leyes, de manera que es inocultable la relación que existe entre la crisis de la abogacía y la crisis del sistema de justicia.

No obstante lo señalado, el país no cuenta en la actualidad con un registro confiable del número de abogados que ejercen, solo en el Colegio de Abogados de Lima se encuentran colegiados más de 55,000 abogados, que sumados a los habilitados en provincia (aproximadamente 45,000 en 29 colegios) hacen un total de 100,000 abogados. Es verdad que la mayoría de estos registros no están depurados, y que aún figuran fallecidos, los que han dejado el país o quienes sencillamente ya no ejercen la profesión; sin embargo, esta cifra no pasa del 20% de los registrados. En otras palabras, en el Perú existirían cerca de 80,000 abogados. A eso habría que añadir a los futuros abogados; actualmente hay más de 40 facultades de Derecho (incluidas las denominadas filiales), que en su conjunto tienen una población que, de lejos, supera los 100,000 estudiantes. Es decir, en cifras conservadoras, en unos años en el Perú habrá por lo menos 180,000 abogados.

He aquí el centro del problema, con semejante población y el absoluto descontrol que existe, es imposible que se esté brindando una formación de calidad a estos futuros abogados. La mayoría de estas facultades han hecho de la enseñanza una suerte de negocio del engaño. Improvisadas facultades de Derecho, con seudoprofesores “enseñan” abogacía. El resultado es más que previsible: la masificación y la pauperización de la abogacía conspira contra el buen funcionamiento de uno de los servicios públicos más importantes, la justicia.

Y es que la abogacía no es solo una profesión liberal, es también un mecanismo de control de la aplicación del Derecho y, por tanto, de ella depende en buena medida que el sistema de justicia funcione. El abogado es el primero que identifica la existencia de los derechos, la legitimidad de las pretensiones y en función de este análisis activa el sistema de justicia. Así las cosas, la importancia social de la labor del abogado es inocultable. En tal sentido, no solo es un defensor de los intereses inmediatos de su cliente sino un defensor de la idoneidad y eficiencia del sistema. De este modo, un abogado formado mediocremente terminará actuando oportunista e inescrupulosamente, y su accionar afectará seriamente la administración de justicia. Más aún si al desolador escenario se suma la ausencia de control en el acceso y el ejercicio de la profesión.

Por todas estas consideraciones, la mejor garantía de protección y buen funcionamiento del sistema de justicia, y en gran parte de todo el ordenamiento jurídico del país, es una reforma y control de la educación legal, esto es, de la formación de los futuros abogados. No es posible seguir tolerando el actual estado de cosas en la mayoría de facultades de Derecho, como tampoco es posible la ausencia de control de la abogacía. Mencionaré sumariamente algunas medidas que considero indispensables en este punto:

a)      Examen de suficiencia profesional como control de acceso a la profesión.

b)      Reacreditación periódica, cada 5 años, que obligue al abogado a mantenerse en actividad y en constante formación.

c)       Fortalecimiento del control deontológico, creando verdaderos tribunales de ética en los colegios de abogados.

d)      Capacitación continua de los abogados como un requisito para mantener la colegiatura.
El objetivo de estas medidas es proteger la justicia, es desterrar la improvisación, el ejercicio temerario de la profesión, porque no habrá cambio en la justicia si no cambiamos la abogacía.

Artículo publicado en “La Ley”, febrero 2011.

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