Investidura del Consejo de Ministros


 

El Consejo de Ministros como órgano de gobierno aparece expresamente por primera vez en nuestro sistema político con la Constitución de 1856, no obstante, según refiere Manuel Vicente Villarán, en la práctica ya existía con anterioridad.

De acuerdo con nuestra actual Carta Política, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado integrado por todos los ministros y dirigido por el Presidente de la República. Nótese que no utilizamos la expresión gabinete ministerial, pese a que suele utilizarse comúnmente para referirse a los ministros en su conjunto, pues en ninguna parte de la Constitución aparece dicho término.

Lo que nuestro sistema sí reconoce y regula es al Consejo de Ministros y a su Presidente, este último con austeras pero importantes funciones de coordinación y de control (art. 123), pero no de conducción de la política gubernamental, ya que esta es responsabilidad y competencia del Presidente de la República.

En rigor, para que las funciones de este órgano de gobierno comiencen debe ser investido por el Parlamento. Investir, en el régimen feudal, era considerado el acto por el que el señor entregaba simbólicamente una parte del feudo a un vasallo; en el lenguaje político actual se suele entender como el acto por el cual una autoridad otorga poder a un funcionario para que cumpla con sus responsabilidades.

Según nuestra Constitución, el Poder Legislativo se relaciona con el Ejecutivo mediante  actos de control y confianza. Precisamente por eso su texto establece la figura de la investidura y dispone que dentro de los 30 días luego de la designación del Consejo de Ministros, este deba concurrir al Congreso para exponer y para que se debata su política general de gobierno.

La presentación del Presidente del Consejo de Ministros acompañado de los ministros es un acto de la mayor importancia política. Lo que se busca con este mandato es que el Parlamento no solo convalide políticamente la designación hecha por el Presidente sino que comprometa su colaboración en la consecución de las políticas que ha expuesto.

Visto que la investidura no es un simple acto formal, para otorgar su confianza, el Parlamento deberá evaluar efectivamente si las políticas presentadas armonizan con el texto y contenido de la Constitución. En este sentido, el Congreso deberá examinar, primero, si en el ámbito concreto las medidas de gobierno planteadas representan una solución para los problemas del país, en sintonía con la Constitución; segundo, evaluar el apoyo que el gobierno solicitará al Congreso, puntualmente en relación a una propuesta de una agenda legislativa enderezada a viabilizar o facilitar su política de gobierno; tercero, y ya en el ámbito propiamente político, el Parlamento deberá considerar si tales políticas no contravienen el mandato electoral expresado en las ánforas, es decir, si en sus lineamientos concretos no se apartan de la oferta electoral, por la que la mayoría ha votado.

En suma, en nuestro sistema la investidura es control y confianza, en el sentido de que el gobierno no se apartará de la Constitución ni del mandato electoral. Y por tanto, el voto de confianza implicará una convalidación de las políticas de gobierno, porque se entiende que son coherentes con las promesas electorales y conforme a la Constitución.

Publicado en el diario “El Comercio”, 2011-08-24.

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