Derecho a la Protesta Social


 

Uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno es el embalse de protestas sociales en el país, muchas de las cuales son reales y tienen fundamento, pero también muchas de ellas son aprovechadas para instaurar una forma perversa e ilegal de hacer política, a la que hay que poner atajo. La protesta social es reconocida universalmente como un derecho político. Estos derechos son aquellos que permiten al ciudadano participar en la vida pública, en la estructuración del Estado, en la configuración y decisiones del gobierno. En esa línea su ejercicio fortalece la ciudadanía y  reafirma la democracia, y de ningún modo pueden debilitarla.

Aunque no se encuentra expresamente recogido en nuestra Constitución no hay mayor debate sobre el estatus y naturaleza del derecho a la protesta. Se trata de un derecho fundamental, cuyo ejercicio, junto con el de reunión y la libertad de expresión han impulsado el cambio, la modernización y expansión de los derechos en los dos últimos siglos. En la caída de todo régimen arbitrario o caduco se puede encontrar el ejercicio de estos derechos.

Sin embargo, en nuestro país el ejercicio de este derecho se ha desbordado completamente; así, se han generalizado las protestas mediante el cierre de pistas, la toma de carreteras, el uso de armas, el daño a la propiedad privada y pública,  tergiversándose y deslegitimándolo  completamente.  Se ha olvidado que lo que se encuentra reconocida  y protegida es la protesta social pacífica. Es decir,  su ejercicio sin armas y sin uso de la violencia, y menos aún afectando derechos fundamentales.

Una regla básica de convivencia social consiste en que el ejercicio de un derecho no puede acarrear la violación del derecho de los demás. El Estado Constitucional supone inevitablemente el reconocimiento y respeto del derecho del otro. La protesta no es un derecho absoluto o ilimitado, debe compaginarse con el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos. De ahí que la propia Constitución admita su limitación cuando se ponga en peligro la seguridad pública (seguridad ciudadana o seguridad pública).

Por eso debe afirmarse sin ambages, que las manifestaciones violentas o las que afectan derechos de otros no pueden calificar como un legítimo  derecho de protesta social sino como simples actos ilegales y en muchos casos delincuenciales, y en tal sentido el Estado no solo tiene el derecho sino la obligación de sancionar a sus autores. No hacerlo debilita el Estado de Derecho.

Y es que no basta la licitud del objetivo o propósito perseguido con la protesta, es indispensable también, y por consiguiente exigible, que tal protesta se manifieste de una manera pacífica y sin armas, y se materialice con el pleno respeto del derecho de los demás. Para decirlo en términos jurídicos, se trata de un requisito que atañe al “contenido  esencial de este derecho”, de manera que desde el instante en que se realiza de modo violento o amenazante, dicha protesta se torna completamente ilegal y sus protagonistas dejan de hallarse en el ámbito protegido por el derecho, pudiendo ser reprimidos en forma inmediata por la autoridad pública mediante medidas razonables y proporcionales.

En un país jaqueado por las urgencias sociales, el ejercicio perverso del derecho a la protesta y la debilidad el Estado pueden acabar con la democracia.

Artículo publicado en el diario “El Comercio”, 2011-07-20.

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