Derecho a la Protesta Social


 

Uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno es el embalse de protestas sociales en el país, muchas de las cuales son reales y tienen fundamento, pero también muchas de ellas son aprovechadas para instaurar una forma perversa e ilegal de hacer política, a la que hay que poner atajo. La protesta social es reconocida universalmente como un derecho político. Estos derechos son aquellos que permiten al ciudadano participar en la vida pública, en la estructuración del Estado, en la configuración y decisiones del gobierno. En esa línea su ejercicio fortalece la ciudadanía y  reafirma la democracia, y de ningún modo pueden debilitarla.

Aunque no se encuentra expresamente recogido en nuestra Constitución no hay mayor debate sobre el estatus y naturaleza del derecho a la protesta. Se trata de un derecho fundamental, cuyo ejercicio, junto con el de reunión y la libertad de expresión han impulsado el cambio, la modernización y expansión de los derechos en los dos últimos siglos. En la caída de todo régimen arbitrario o caduco se puede encontrar el ejercicio de estos derechos.

Sin embargo, en nuestro país el ejercicio de este derecho se ha desbordado completamente; así, se han generalizado las protestas mediante el cierre de pistas, la toma de carreteras, el uso de armas, el daño a la propiedad privada y pública,  tergiversándose y deslegitimándolo  completamente.  Se ha olvidado que lo que se encuentra reconocida  y protegida es la protesta social pacífica. Es decir,  su ejercicio sin armas y sin uso de la violencia, y menos aún afectando derechos fundamentales.

Una regla básica de convivencia social consiste en que el ejercicio de un derecho no puede acarrear la violación del derecho de los demás. El Estado Constitucional supone inevitablemente el reconocimiento y respeto del derecho del otro. La protesta no es un derecho absoluto o ilimitado, debe compaginarse con el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos. De ahí que la propia Constitución admita su limitación cuando se ponga en peligro la seguridad pública (seguridad ciudadana o seguridad pública).

Por eso debe afirmarse sin ambages, que las manifestaciones violentas o las que afectan derechos de otros no pueden calificar como un legítimo  derecho de protesta social sino como simples actos ilegales y en muchos casos delincuenciales, y en tal sentido el Estado no solo tiene el derecho sino la obligación de sancionar a sus autores. No hacerlo debilita el Estado de Derecho.

Y es que no basta la licitud del objetivo o propósito perseguido con la protesta, es indispensable también, y por consiguiente exigible, que tal protesta se manifieste de una manera pacífica y sin armas, y se materialice con el pleno respeto del derecho de los demás. Para decirlo en términos jurídicos, se trata de un requisito que atañe al “contenido  esencial de este derecho”, de manera que desde el instante en que se realiza de modo violento o amenazante, dicha protesta se torna completamente ilegal y sus protagonistas dejan de hallarse en el ámbito protegido por el derecho, pudiendo ser reprimidos en forma inmediata por la autoridad pública mediante medidas razonables y proporcionales.

En un país jaqueado por las urgencias sociales, el ejercicio perverso del derecho a la protesta y la debilidad el Estado pueden acabar con la democracia.

Artículo publicado en el diario “El Comercio”, 2011-07-20.

  1. #1 by rafael on 26 agosto, 2011 - 11:29

    Quizà le sean de utilidad estos artìculos en los cuales su autor Roberto Gargarella hace algunas precisiones en torno al derecho a la protesta y a la respuesta que suele dar el Estado en el mundo. Suerte con esta iniciativa, el blog es un medio interesante para compartir ideas, sobre todo con los màs jòvenes.

    http://seminariogargarella.blogspot.com/2011/08/cameron-orden-e-injusticia.html

    http://seminariogargarella.blogspot.com/2011/08/anarquismo-filosofico.html

    http://seminariogargarella.blogspot.com/2011/08/el-indoamericano-y-la-criminalizacion.html

    Rafael Rodrìguez

  2. #3 by ALBERTO TOCUNAGA ORTIZ on 12 septiembre, 2011 - 21:26

    EL ESTADO Y UNA NACIÓN

    A los nativos o como quiera llamárseles, losdiferentes Gobiernos, nunca les dieron ayuda para desarrollarse y ser incorporados al avance de la modernidad. La legislación que hoy tienen a su favor es difícil de aplicar porque, en principio de trata de el Estado peruano negociando con un pueblo o pueblos que se reclaman ser nación o naciones. Entonces, el asunto es cómo incluir a los nativos sin que el Estado se vea afectado. En otras palabras, ambos tendrán que ponerse de acuerdo en el acto jurídico de que se trate respecto a concesiones, con miras a que ambas partes queden consignadas en acto jurídico.

    Sobre estas ideas, estimo que hay muchas cosas que regular, y una de ellas es que según tengo entendido, no se habla de límites de los territorios amparados por la legislación. Se entiende que siempre tuvieron la posesión de esas tierras y nadie se fijó hasta donde llegaba ese derecho tradicional, quizá, porque no les interesaba. Hoy sí es necesario. Y sobre todo con quién el Estado peruano va tratar para la validez del acto jurídico de los beneficiarios de la Ley y de los contratantes de que se trate.

    Alberto Tocunaga Ortiz
    C.A,L. 6413

  3. #5 by A. Valer on 12 septiembre, 2011 - 23:16

    La protesta pacífica es razonable en un estado intachable y que escucha a la población.
    Pero en un estado corrupto, la gente explotada no tiene más recursos que tomar acciones de fuerza para hacerse respetar.
    La historia esta plagada de estos casos y los que la llevaron a cabo no fueron delincuentes, muy por el contrario, hasta dieron su vida en favor de causas justas.
    Considero que la violencia es necesaria en ciertos casos, no es que sea necesariamente negativa en toda circunstancia.

(No será publicado)