¿Cómo medir la eficiencia de la Justicia?



La eficiencia es un valor implícito que el Estado no puede renunciar a alcanzar en todas sus actuaciones, en particular cuando estas se hallan vinculadas a la prestación de servicios públicos básicos, como es la administración de justicia. Esto se desprende no solo del sentido común, sino de la propia Constitución, pues si bien nuestro ordenamiento constitucional no contiene expresamente el “Principio de Eficiencia” como regla de actuación de la Administración –como sí sucede en otras legislaciones, tal es el caso de la Constitución española (Art. 103) – este se colige con claridad de los derechos reconocidos en nuestra Carta, pues si no fuera así se trataría de declaraciones vacías sin un correlato en la realidad.

En verdad la eficiencia en el sector estatal es aún más exigible que en el sector privado, pues los recursos que se malgastan con actos ineficientes son recursos públicos, y los perjuicios que esta clase de actuaciones generan afectan principalmente a los sectores menos favorecidos. No hay acto más arbitrario que la ineficiencia estatal, pues ella implica exclusión de los más pobres. Así, los peores actos de discriminación no los realizan los particulares sino el propio Estado cuando es ineficiente en la prestación de los servicios públicos básicos, porque quienes cuentan con recursos económicos podrán suplir estas ineficiencias con servicios privados, incluso en el caso de la justicia, mientras que la ineficiencia estatal condena a la marginación a millones de personas de escasos recursos.

No obstante, en la administración de justicia la eficiencia no es fácil de alcanzar, pues junto con la optimización de recursos ha de buscarse también la consecución de ciertos valores y principios de convivencia social y desarrollo económico alojados en la Constitución. Por eso la sociedad en su conjunto y en especial  los abogados, debemos tener siempre presente que la eficiencia es una condición previa  a cualquier reforma de la justicia, porque esta  solo será posible si primero se logra eficiencia en la gestión económica de la organización y en la gestión de los recursos que hagan que realmente funcione este servicio público.

Pero la eficiencia de un servicio público básico no es mensurable con un simple indicador económico; así por ejemplo, en el caso de la salud un hospital no puede ser evaluado solamente por la cantidad de pacientes que atiende, lo mismo que un juzgado no puede ser calificado por el número de causas que despacha. Un esfuerzo de eficiencia en este sector pasa por compatibilizar la eficiencia económica con la optimización en la aplicación de las libertades y derechos que reconoce nuestro ordenamiento. Un primer paso para lograr esta complicada eficiencia es diseñar indicadores de gestión tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional; tarea que en modo alguno es exclusiva del Poder Judicial y que, por el contrario, ha de ser el resultado de la participación de otras instituciones estatales, pero sobre todo de la sociedad civil.

De ahí que es imposible hablar seriamente reforma judicial si uno de sus objetivos no es la mejora de la eficiencia de la gestión de este servicio público. De nada sirve la declaración de un conjunto de derechos si no existe una institución eficientemente capacitada y organizada para prestar dicho servicio. La sociedad no quiere más derechos, no necesita más libertades, lo que el país reclama es que estos derechos y libertades se cumplan, y esto no será posible mientras mantengamos el déficit de eficiencia que existe en la administración de justicia. Gran parte del descrédito del Poder Judicial y de la frustración que la sociedad siente frente a él, proviene del hecho real de que en la actualidad millones de personas siguen esperando aún que sus causas sean resueltas.

En esta idea de implementar indicadores, hace unos cinco años propusimos en un artículo en el diario “El Peruano”,  intentar resolver un problema que es  uno de los principales factores de la demora en los procesos: las notificaciones judiciales. En aquella oportunidad planteamos la notificación electrónica. Desde entonces a la fecha se ha avanzado muy poco, apenas el 20% del total de notificaciones judiciales, se hacen por correo electrónico (sólo se utilizan en juzgados comerciales, contencioso administrativos de Lima y juzgados laborales donde ya se ha implementado el Nuevo Código Procesal Laboral). A este ritmo de eficiencia y sin ningún contratiempo, nos tardaríamos unos 20 años en notificar electrónicamente al 100%.

Como se sabe en la actualidad, por ley, las notificaciones se realizan mediante cédulas que son repartidas por un servicio de courier, superando los 28 millones de notificaciones al año. El Estado pierde millones de soles en horas hombre y otros recursos por mantener este arcaico sistema de notificaciones, pero lo que es más oneroso es la morosidad que se impone a todos los procesos, cuando se podría optar por la notificación electrónica que es más expeditiva, menos costosa, incluso más segura, y que claramente contribuiría a mejorar el servicio de justicia. Este sistema ya se utiliza en muchos lugares, incluso en países vecinos. Uno de los argumentos para continuar con la notificación por cédula es que se necesita garantizar el debido proceso, y que otra forma de notificación no ofrecería la “seguridad suficiente”. Esto no es cierto, el propio Tribunal Constitucional peruano y en algunas entidades administrativos (OSCE, por ejemplo), ya se utiliza la notificación electrónica, lo que supone el traslado al justiciable de la responsabilidad de informarse sobre las resoluciones emitidas en el proceso del que es parte.

El avance efectivo en este solo punto cambiaría radicalmente la justicia, no solo porque se ahorraría dinero y tiempo de los funcionarios y de los ciudadanos, sino porque contribuiría significativamente a eliminar la morosidad en los procesos y de paso parte de la corrupción vinculada a este problema. En honor a la verdad, los ex presidentes del Poder Judicial,  Távara y Villa Stein en sus respectivos periodos impulsaron la medida pero, como se advierte, en la práctica la burocracia ha hecho que no se culmine su implementación.

El ejemplo revela el enorme déficit de eficiencia que existe en el servicio de justicia y la urgente necesidad de contar con un indicador que mida el grado de aplicación de la tecnología en la administración del servicio de justicia y los beneficios que este aporta.

De igual modo, otros indicadores permitirán revelar las otras ineficiencias pero sobre todo confirmar un apotegma: “Lo que no se puede medir no se puede evaluar, lo que no se puede evaluar no se puede mejorar”.

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