El fin de la Inmunidad Parlamentaria


 

Cada vez con mayor intensidad y generalización se cuestiona la permanencia de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es la base jurídica de esta figura?, y ¿acaso tiene algún sentido mantenerla? El artículo 93 de la Constitución establece que los parlamentarios no pueden ser detenidos ni procesados sin autorización del Congreso, salvo cuando son sorprendidos en plena comisión del delito (flagrancia).

Este privilegio congresal al parecer proviene del derecho medieval inglés, que protegía a los parlamentarios para que no sean arrestados ni enjuiciados, incluso por deudas, cuando existía encarcelamiento por acreencias. El propósito de esta figura era mantener la integridad e independencia del Poder Legislativo y evitar que se persiga o amedrente a sus miembros mediante juicios arbitrarios o políticos. Sin embargo, en la actualidad en la propia Inglaterra, en los EE.UU. y en varios otros países con democracias desarrolladas, la inmunidad parlamentaria no existe y los miembros del Congreso son tratados judicialmente como todos los ciudadanos. Y es que la figura solo parece justificarse cuando las democracias son débiles y no existe una auténtica división de poderes, cuando no solo es posible sino frecuente la persecución judicial de los opositores políticos.

El mantenimiento y justificación de la inmunidad parlamentaria lleva implícito el reconocimiento de que el Poder Judicial puede ser sometido al poder político, pues de otro modo no se explica por qué sería necesaria una protección frente a los juicios, en un sistema donde la justicia es autónoma y los jueces son independientes. En otros términos, la mejor garantía para impedir que se instrumentalice el procesamiento o la detención de un congresista, así como de cualquier ciudadano, consiste en fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar el debido proceso. Si hay algún temor de la debilidad y eventual instrumentalización de la justicia, son los políticos los primeros que deberían preocuparse y ocuparse en impulsar una auténtica reforma de justicia que fortalezca y haga eficiente este poder del Estado.

Sin embargo, no podemos negar que en la actualidad nuestro sistema de justicia es, por decir lo menos, moroso e impredecible, y a nadie le gusta verse envuelto en procesos que suelen ser tortuosos, laberínticos y riesgosos. El problema es que, en estas circunstancias, la figura de la inmunidad parlamentaria, lejos de fortalecer el parlamento, lo deslegitima, pues presenta a los parlamentarios como una clase de ciudadanos con privilegios frente a la justicia, dando la sensación de impunidad, de injustificada diferencia con los demás ciudadanos, lo cual les permite escapar de la mano de la justicia y, quiérase o no, también presenta la imagen de un Poder Judicial debilitado.

La solución no es eliminar de manera inmediata la inmunidad parlamentaria, aunque sí debería ser un objetivo final, sino aplicarla según su verdadera naturaleza y alcances: se trata de un control previo, no de una prerrogativa individual, que evita el encauzamiento judicial arbitrario, ordinariamente político. Por eso la regla para el Congreso debe ser el levantamiento de la inmunidad, es decir, permitir la acción de la justicia, y solo aplicarla si el parlamento comprueba si detrás de una denuncia se agazapa alguna intención política. Por consiguiente su uso debe ser restrictivo, además se trata de una garantía temporal que únicamente difiere por un tiempo el enjuiciamiento penal de un parlamentario, pero en modo alguno lo libera de responsabilidad. En suma, el uso abusivo de la inmunidad parlamentaria, aquel que no respeta su propósito constitucional, afecta el Estado de Derecho, pues en la práctica transgrede la tutela judicial efectiva y en tal sentido implica una limitación al derecho de igualdad.

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