El caso Chehade en la Fiscalía


 

Si bien la decisión del Fiscal de la Nación de inhibirse de investigar el caso Chehade se ajusta al texto de la Constitución, el fiscal ha desaprovechado la oportunidad para defender sus fueros y cuestionar los excesivos privilegios que tienen algunos altos funcionarios del Estado, que no contribuyen a la institucionalidad y a la lucha contra la corrupción.

Las recientes declaraciones del más alto funcionario del Ministerio Público revelan una cierta resignación frente al modelo burocrático de la Fiscalía. Literalmente el fiscal ha dicho que el Ministerio Público, en el caso Chehade, no tiene más remedio que hacer lo que le diga el Congreso. Si bien esto se ajusta al texto del artículo 99 de la Constitución, que establece que los altos funcionarios son acusados por el propio Congreso a través de la Comisión Permanente, atando de manos a la Ministerio Público, ha desaprovechado la oportunidad para denunciar que tanto el artículo 99 como el 100 de nuestra Carta constituyen una discutible limitación al principio de igualdad ante la ley y a la autonomía de Ministerio Público.

Pero lo más grave de estas normas es que convierten a la Fiscalía en una simple mesa de partes, pues el artículo 100 impone al Fiscal de la Nación no apartarse una línea de la decisión del Congreso, cuando en un antejuicio haya resuelto acusar a un funcionario, sin poder ampliar o reducir los alcances de tal decisión del Parlamento. Este exceso de la Constitución que atropella la división de poderes, ha sido duramente criticado por numerosos juristas y por el propio Tribunal Constitucional, que en una sentencia del 2003 (Exp. Nº 0006-2003-AI/TC) instó a que se modifique esta norma.

El caso que comentamos era una valiosa ocasión para que el fiscal señale el carácter errado de los artículos mencionados y plantee su modificación, pues se contraponen a la propia Constitución (art. 158) que consagra la autonomía de la Fiscalía de la Nación y le asigna la titularidad de la acción penal, sin que en dicho texto se señale que esta función es compartida por el Congreso. Esto en razón del grado de especialidad, de experiencia y conocimiento que tiene el Ministerio Público para investigar y para tipificar el delito, es decir, para encuadrar la conducta en un tipo penal, competencias que no tienen otros órganos del Estado.

El caso era una ocasión para poner en tela de juicio los excesivos privilegios o el blindaje legal que poseen los altos funcionarios y que conspiran contra una real lucha contra la corrupción, pues son esos funcionarios quienes deberían estar más sometidos que el simple ciudadano al escrutinio jurisdiccional común, y porque más allá de gestos políticos, de zares o comisiones anticorrupción, los verdaderos funcionarios que deberían liderar la lucha contra la corrupción son el Fiscal de la Nación y el Contralor General de la República, para lo cual se requiere fortalecer estas instituciones, claro está, siempre que el poder político crea en esta lucha.

Publicado en el Diario El Comercio, pág. a4 Opinión, 16-12-11

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