Debilidad Judicial y Beneficios Terroristas


Vamos a decirlo sin ambages, la autorización de viaje a personas condenadas por terrorismo, favorecidas con el beneficio penitenciario denominado liberación condicional, no pasa el análisis de “juicio de legalidad”, al que ha apelado el Presidente del Poder Judicial para defender a los jueces que han otorgados estos permisos.

La base del beneficio penitenciario denominado liberación condicional es el cumplimiento de la regla de no salir del país.  Así se colige del Art.º 6 del D. Leg. 923, que señala textualmente: “El Juez Penal al establecer el beneficio penitenciario…, dispondrá el impedimento de salida del país del liberado y le impondrá las siguientes reglas de conducta…”, y a continuación se enumeran algunas reglas tales como la prohibición de portar armas o explosivos, no tomar contacto con personas vinculadas al terrorismo, entre otras.

De la lectura de la citada norma se advierte con claridad que la prohibición de no salir del país no es una regla de conducta más, sino que es la condición para que se cumplan dichas reglas, tanto es así que el legislador no la ha ubicado en la lista de reglas sino en el inicio mismo del artículo, con el inequívoco propósito de dar a entender  que es una condición sine qua non de la liberación condicional; es más, precisamente así se titula este artículo. Por tanto, no es posible admitir excepciones a tal norma. La razón de esto es de una lógica elemental, pues en el preciso momento en el que el condenado sale del país, el juez de ejecución pierde jurisdicción, y por consiguiente se haya imposibilitado de cumplir con su obligación de constante control de las reglas impuestas al sentenciado. En otras palabras, la autorización de salida, en la práctica, es una autolimitación que se impone el juez o una renuncia a cumplir con la mencionada obligación.

Y es que el sentido de la norma se basa en que si bien los beneficios penitenciarios, en líneas generales, contribuye al cumplimiento de los fines de la pena: resocialización y reeducación de la persona, no pueden considerarse derechos fundamentales en la medida en que no pueden ser exigidos por todas las personas que se encuentren cumpliendo una pena, por consiguiente no generan derechos exigibles por todos, y precisamente por ello pueden ser objetos de limitaciones.

Además, no hay que olvidar que quienes han recibido estos beneficios, siguen siendo, a fin de cuentas  delincuentes, que lo único que los diferencia de los internos en establecimientos penitenciarios es que se encuentran cumpliendo la pena en otras condiciones con cierto grado de resocialización.

En suma, estas decisiones no pasan el exigido “juicio de legalidad” y presentan a un Poder Judicial débil y con una franciscana argumentación jurídica, que envía una pésima señal a la sociedad favoreciendo a quienes han cometido delitos extremadamente graves en perjuicio de esta. Más aún, la facultad discrecional del juez, a la que suele apelarse, no puede confundirse con arbitrariedad, en la que se incurre cuando se omite considerar que el propio legislador en el ámbito de ejecución penal, ha restringido severamente los beneficios para este tipo de delitos.

Publicado en el Diario El Comercio, pág. a4-Opinión, 28-12-11

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