El Poder Judicial paga en 171 años: La Arbitrariedad de una Sentencia


Si miramos la jurisprudencia que producimos sabremos el país en el que vivimos. Porque “la jurisprudencia es la expresión más genuina del Derecho de un pueblo”. Y la verdad, salvo honrosas excepciones y esfuerzos encomiables, en general no es que nos podamos enorgullecer de nuestra jurisprudencia.

Una de esas excepciones es el caso de don Justo Caparo Zamalloa, un anciano de ochenta años, quien luego de mucho litigar contra el Poder Judicial para que le paguen su pensión de jubilación nivelada que ascendía a 257,863 nuevos soles, tuvo que iniciar otro proceso para que se cumpla la sentencia, porque el “Poder de la Justicia” en el Perú decidió ejecutar la sentencia pagando 1,500 nuevos soles por año, es decir, en 171 años, o si se prefiere cuando don Justo cumpla 251 años. Más irracional, más injusta no podía ser una sentencia.

En efecto, don Justo presentó una demanda de amparo contra el juzgado contencioso-administrativo del Cusco y contra la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de dicho departamento, solicitando que se trabe embargo por 300 mil nuevos soles en las cuentas del Poder Judicial, pues en un proceso contencioso-administrativo venció al propio Poder Judicial para que se cumpla con pagarle su “pensión de jubilación nivelada”. La acción de amparo presentada por don Justo fue declarada infundada en todas las instancias del Poder Judicial, por eso don Justo, que por las puras no lleva ese nombre, ni corto ni perezoso presentó un recurso de agravio constitucional ante el TC… porque ya estaba bueno de agravios.

Con buen tino jurídico, el TC considera que en la demanda que presenta don Justo en el fondo lo que se cuestiona es la razonabilidad de las resoluciones judiciales en el incidente de ejecución de sentencia del proceso contencioso-administrativo, las cuales convalidarían un cronograma de pagos de imposible realización que afectaría la tutela judicial efectiva. Y considera además, el Tribunal, que debe pronunciarse sobre el fondo del asunto atendiendo a un conjunto de ponderaciones relacionadas con el nivel de afectación del agraviado y la situación de indefensión en la que quedaría ante la sentencia adversa.

En esta línea de argumentación el TC señala que la ejecución de las sentencias y resoluciones judiciales forman parte del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, alojada en nuestra Constitución en el inciso 2) del artículo 139, en el que se establece que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto las resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución”.

El cumplimiento efectivo de las sentencias tiene por objeto que los procesos judiciales y el propio sistema de justicia no pierdan su sentido. Ello en razón de que el ideal de justicia material consustancial al Estado de Derecho exige que los pronunciamientos judiciales que declaran un derecho o imponen una condena deben cumplirse efectivamente, en una palabra, materializarse mediante el fiel respeto de la sentencia.

Una sentencia inoperante, un mandato judicial que se incumple no solo vuelve ilusoria la tutela judicial efectiva, y no solo afecta a las partes, sino que daña gravemente el sistema de justicia, volviéndolo inútil. ¿De qué sirven los juicios, de qué sirven los jueces, de qué sirve la justicia si luego de largos, tortuosos y laberínticos procesos las sentencias no se cumplen? Lo cierto y lamentable es que nuestro sistema está preñado de estos casos, donde al final de los juicios nos quedamos con una sentencia inútil. Hoy este caso salta a la vista del ojo público porque llega al Tribunal Constitucional, y por lo grosera de la dilación en la ejecución de la sentencia, pero miles de otros casos permanecen en el anonimato y las personas perjudicadas en la más absoluta indefensión.

Todo esto parece olvidar que nuestro ordenamiento legal se halla fundamentado en la defensa de la justicia, como valor supremo, de ahí que el artículo 44 de la Constitución lo establezca como uno de los deberes primordiales del Estado: “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia”.

Más allá de los argumentos que limitan presupuestalmente los pagos de las acreencias de don Justo, lo cierto es que el plazo impuesto por el “Poder de la Justicia” devino en irrazonable. “La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado a la justicia que está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho, y se emplea como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades discrecionales del Estado, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias, lo que implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes políticos” (Cfr. Exp N° 0006-2003-AI/TC). En otras palabras, que tengan fundamentación objetiva y sean congruentes con la realidad que sirve de base a toda decisión judicial; que no sea un ataque a la razón, porque el derecho es o debe ser la expresión de la razón.

Por eso hizo bien el TC en declarar fundada la demanda de don Justo, pues su desestimación carecía de razonabilidad. Y porque el cumplimiento de las sentencias es de elemental sentido común y de un interés colectivo inestimable.

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