El Presidente y la Defensa del Consumidor


“La causa de la defensa del consumidor está en el corazón de nuestro gobierno”. Esta frase no fue pronunciada por un activista de consumo o por un líder izquierdista sino por el presidente chileno Sebastián Piñera, en octubre pasado, durante la promulgación de una ley que agiliza las demandas colectivas por daño a los consumidores. Coherente con esta afirmación, su ministro de economía ha dicho que el gobierno chileno ha decidido “empoderar al consumidor”.

Son frases que revelan una visión moderna de la política y de los reales intereses de los ciudadanos, expresadas por políticos que entienden que los tiempos han cambiado y que es necesario extender de manera efectiva los derechos de las personas en el mercado.

Mientras tanto, en el Perú, el tema se sigue viendo por la mayoría de políticos como un asunto menor, de interés marginal o que en todo caso se trata solo de simples operaciones de mercado. Gravísimo error porque todo lo que tiene que ver con operaciones de consumo involucra a millones de personas, por ejemplo, existen más de 28 millones de celulares, cerca de 7 millones de tarjetas de crédito, más de 3 millones de contratos de servicios educativos (colegios, institutos, universidades) con centros particulares, para no referirnos a la salud, la alimentación y un larga lista de etcéteras. Todas estas son operaciones de consumo detrás de las cuales existen personas, familias que ven en ellas comprometidas sus aspiraciones e incluso su calidad de vida.

Prueba de esta afirmación es que luego de 18 meses de vigencia del Código del Consumidor las cosas no han variado sustancialmente para los consumidores. Pareciera que quienes conducen la autoridad de consumo (Indecopi) y los demás entes reguladores no han comprendido la importancia y la urgencia de implementar adecuadamente esta norma.

En definitiva la burocracia política no ha entendido que la defensa del consumidor es “inclusión social en el mercado”, es ciudadanía económica, es decir, respeto de los derechos de la persona en sus transacciones. Por eso la actual situación constituye una excelente oportunidad para que el Presidente de la República cumpla con una de sus promesas electorales: la inclusión social, pero en este caso inclusión en el mercado, un ámbito donde las personas, sobre todo las de menores recursos, necesitan urgentemente que sus derechos se protejan. Pero además este es un mandato constitucional (art. 65) y, por lo tanto, una obligación constitucional del Presidente, por ello es él quien debe liderar la protección de los  consumidores, convirtiéndola en una política de Estado, pues si este tema no está en la agenda del presidente, como ya sucede en otros países, los funcionarios de segundo o tercer nivel interpretarán que en efecto es un tema menor.

Sin una real toma de conciencia de la importancia de la protección de las personas en el mercado habrá solo una tutela formal del consumidor. Por ello el reto es que nuestra clase política advierta el inmenso beneficio que implica comprender que el horizonte actual de la ciudadanía se extiende a los derechos de los consumidores, lo que beneficia a millones de personas, al mercado e incluso a la institucionalidad del país.

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