Idealismo o Realismo Jurídico


El hombre es una animal legalista, se pasa la vida creando leyes, y –como afirma Fernando Savater– a diferencia de los otros animales que solo tienen código genético, nosotros tenemos numerosos códigos legales que nos permiten la convivencia social. Pero a menudo exageramos, caemos en la ilusión de creer que los derechos  pueden cambiar en automático la realidad. Esta ilusión tiene relación con la idea de que los derechos son gratis, alimentada por los populista del Derecho, y que por ello podemos indiscriminadamente crear derechos. Pero la realidad es muy distinta, no hay derechos sin fondos públicos, sin presupuesto. Desde el más liberal de los derechos como es la propiedad hasta el más social de todos como es el derecho a la salud, sin excepción tienen costo, pero además requieren la acción del Estado.

Sin Estado eficiente no hay libertades ni ningún derecho “garantizado” por nuestra Constitución. La iniciativa privada, y todas las libertades económicas no son posibles sin la acción pública del Estado. Sí, es una paradoja pero es real, quien garantiza el respeto de la esfera privada y desde luego  la libertad, es también quien puede ser su mayor verdugo. Porque no hay derecho sin Estado, pero al propio tiempo el Estado puede ser el mayor peligro para la libertad, por eso todo sistema jurídico consiste en un equilibrio.

Un Estado ineficiente, incapaz de crear las condiciones para que los particulares generen riqueza, y por lo tanto, para contar con impuestos  suficientes, no puede garantizar a sus ciudadanos derechos reales. Los gobiernos ineficientes solo pueden ofrecer a sus ciudadanos libertades nominales, derechos meramente declarativos. Los derechos para que realmente existan, no solo necesitan que el sistema los reconozca, requieren de economía, es decir, de la posibilidad de cobrar impuestos. Si no se cuenta con recursos solo se podrá tener “derechos vacíos”.

El reconocimiento de que los derechos cuestan y que es inevitable la acción del Estado para su respeto, introduce una cuota de realismo en el Derecho y en la producción normativa, porque inevitablemente conduce a reconocer también que no es posible darle la misma prioridad – asignación presupuestal – a todos los derechos. Cerrar los ojos a esta realidad nos ahorra la difícil decisión de escoger, priorizar, pero nos conduce al populismo jurídico que ha expandido la idea de que los derechos fundamentales no cuestan y ha multiplicado indiscriminadamente los derechos.

Sin embargo, si bien los juristas saben que los derechos no son gratis, saben también que aun cuando no es posible la aplicación inmediata de todos los derechos, no solo por la falta de recursos, sino por que en muchas ocasiones es necesario un largo proceso de internalización de estos  derechos en la sociedad,  igual su reconocimiento en el sistema jurídico tiene un alto valor, pues estas normas a la larga imponen estándar de conducta a la sociedad y al Estado que apuntan a su desarrollo y al respeto de la persona.

Por ejemplo, que sea imposible que de la noche a la mañana desaparezcan las diferentes desigualdades en la sociedad e incluso que se aminoren sustantivamente en un corto periodo, no debería conducirnos a desconocer el derecho a la igualdad. Afirmar que los derechos cuestan no sugiere que no se produzcan o que este sea el único factor a considerar para su creación.

Lo que hay que tener presente es que la calidad de los derechos depende del grado de internalización en la sociedad de estos derechos, de la economía y  de la directa acción estatal. Si bien un Estado ineficiente hará que la calidad de los derechos sea muy pobre y de limitado alcance, igual conspira contra la realidad de los derechos  una sociedad carente de conciencia de estos.

En suma, si bien los derechos representan valores que la sociedad considera importante defender e impone estándares de actuación, sin economía y sin un Estado eficiente tales derechos serán simples declaraciones y su multiplicación solo nos conducirá al idealismo jurídico.

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