Abogados: ¿Sin derecho a la Publicidad?


 

El Código de Ética de los colegios de abogados del Perú prohíbe los actos de publicidad o promoción de servicios profesionales de Derecho (art. 16). Es decir, veda la posibilidad de que los abogados practiquemos cualquier acto directo de captación de clientes, por lo que no podemos hacer publicidad para la promoción de nuestros servicios, ni podemos diseñar e implementar un plan de marketing. En otras palabras, según el mencionado Código, el abogado debe esperar que busquen sus servicios y debe abstenerse de promocionarlo frente a cualquier potencial cliente.

Se trata de una norma anacrónica e inconstitucional. Anacrónica, porque no se compagina con la concepción moderna del ejercicio de la abogacía, que la entiende como una actividad económica y más precisamente como una empresa de servicios jurídicos. En la actualidad no es posible desconocer que los abogados actuamos en el mercado colocando servicios jurídicos, y precisamente por la naturaleza intangible de estos y porque el mundo de los servicios es un mercado extremadamente competitivo, no se puede privar a los abogados de herramientas tan valiosas como la publicidad y el marketing. Una regla restrictiva de la publicidad es una norma de espaldas a la realidad y a lo que sucede en otras partes del mundo donde la publicidad y el marketing jurídico se desarrollan intensamente.

Además, como ya lo adelanté, esta norma también es inconstitucional. Pero, ¿puede una norma deontológica, un código de ética, ser inconstitucional? La pregunta merece cuando menos una breve precisión. En nuestro Derecho Constitucional no existe duda sobre la exigibilidad y respeto de los derechos fundamentales en las relaciones privadas. Esto se desprende, sin espacio para las vacilaciones, del artículo 200 de la Constitución. De igual modo lo ha sostenido el Tribunal Constitucional al señalar que “cualquier acto proveniente de una persona natural o jurídica de derecho privado que pretenda conculcar o desconocerlos [a los derechos fundamentales] resulta inexorablemente inconstitucional” (STC Exp. N° 1124-2001-AA/TC).

Así las cosas, esta norma violenta la libertad de empresa y el derecho a la comunicación comercial que tienen los profesionales. Pero, además, la susodicha regla recorta el libre ejercicio profesional al impedir la captación de clientes por medio de la publicidad; en suma, prohibir la presentación pública de la oferta de servicios es un claro atentado contra las libertades económicas y afecta el desarrollo profesional de los abogados.

Desde luego, de manera alguna lo expresado hasta aquí quiere decir que la libertad de publicidad de la que gozamos los abogados sea una patente de corso para presentar o publicitar como nos plazca nuestros servicios profesionales. La publicidad profesional de los abogados tiene como límites, por un lado, las fronteras que impone las reglas generales sobre publicidad contenidas en la Ley de Represión de la Competencia Desleal y el Código del Consumidor; y, por otro, las reglas deontológicas de la profesión que prohíbe actos –entre ellos, cierto tipo de publicidad– que afecten la dignidad de la abogacía, su independencia o agravie la ética profesional.

Todas estas reflexiones me vienen a la mente luego de leer la noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal una reciente norma del código deontológico francés de auditores que prohibía la publicidad o promoción de sus servicios. El mencionado Tribunal ha considerado que dicha norma contraviene la Directiva europea de servicios profesionales que, entre otras, cosas tiene como propósito poner fin a la prohibición absoluta de hacer publicidad.

Cuando fui decano del Colegio de Abogado de Lima propuse la eliminación de la citada prohibición, pero los representantes de otros colegios no lo entendieron. Creo que hoy las cosas se presentan más claras para todos, por lo que las actuales autoridades gremiales deberían impulsar su derogación.

Artículo publicado en “La Ley”, abril 2011.

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