¡Cuidado, nos escuchan!


Por lo visto el derecho a la privacidad de las comunicaciones en el Perú es meramente nominal pues no es respetado ni por el propio Estado. La noticia de hace unas semanas, referida a la interceptación telefónica sufrida por el congresista Galarreta revela otra realidad, además de la afectación de los derechos del citado congresista, lo indefenso que se encuentra el ciudadano común frente al poder de los fiscales y jueces. Esto nos lleva a preguntarnos sobre cuántas personas que jamás han cometido un delito están siendo escuchadas debido a que, sin mayor diligencia, se les ha levantado el secreto a las comunicaciones por el simple hecho de que ocasionalmente sus números telefónicos aparecieron en el reporte de llamadas de quien está siendo investigado por un ilícito penal.

Es cierto que los jueces y fiscales tienen plena autonomía en el ejercicio de su función de perseguir el delito, lo que implica que sus jefes administrativos no pueden decirles, y menos imponerles, cómo deben hacer su trabajo. Sin embargo, no debe olvidarse que esta autonomía más que una atribución de los magistrados es una garantía de la administración de justicia y un derecho fundamental de los ciudadanos; por lo que en ningún caso los funcionarios de la administración de justicia tienen patente de corso o están exentos de límites para ejercer sus atribuciones, más aún cuando las medidas que se adoptan están orientadas a afectar un derecho fundamental como es el secreto a las comunicaciones.

De ahí que la Constitución reconozca todo un conjunto de garantías que constituyen límites al poder de los jueces y fiscales, que al propio tiempo son derechos esenciales de las personas. En el caso particular del levantamiento del secreto de las comunicaciones, además de existir un procedimiento legalmente establecido, el pedido del fiscal debe expresar una especial fundamentación y razones objetivas que vinculen al investigado con la comisión del delito; y dicha fundamentación debe ser aún más exigente cuando el levantamiento se va a ordenar contra una persona no vinculada a la investigación. El solo hecho de que un ciudadano haya llamado a quien se encuentra investigado no habilita al fiscal para solicitar al juez que se ordene una interceptación telefónica.

Si bien el fiscal debe guardar especial cuidado en estos casos, el juez no puede actuar como simple tramitador del pedido de interceptación telefónica sino que debe cumplir con verificar la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida solicitada, todo esto por tratarse de una medida de última ratio que, como ya se ha dicho, afectará un derecho fundamental.

Lo paradójico de todo es que una mal entendida autonomía de estos funcionarios de justicia está conduciendo, en este y otro tipo de medidas, a afectar  precisamente a quienes dicha garantía está destinada a proteger: los ciudadanos. Si esto ha sucedido con un congresista que tiene inmunidad parlamentaria, ¿qué podemos esperar que pase con un hombre común?

El verdadero Estado de Derecho es el que protege no a quienes tienen poder sino a quienes carecen de él, y el poder que se otorga a los jueces y fiscales es para que protejan a los ciudadanos, no para que atropellen sus derechos.

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