¿Insensibles y Deshonestos? (Empresarios y Política)


¿Por fin tendremos en el país una verdadera clase dirigente empresarial? ¿Son una señal de esto las expresiones del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias en el último CADE, cuando afirmó que los empresarios “eran percibidos por la sociedad como insensibles y deshonestos”, y añadió que “tenían total falta de credibilidad”? Estas expresiones sintonizan con lo que la sociedad piensa de un importante sector del empresariado, y ponen de manifiesto que este sector tiene una deuda impaga con la sociedad.

Lo cierto es que los empresarios no han ejercido su ciudadanía como todo el país esperaba. No se han constituido como auténticos actores políticos y tampoco tienen una verdadera agenda nacional de su participación. Desde luego, no se les está pidiendo que creen un partido o que tengan participación electoral o que formen parte de las instancias de gobierno; la participación ciudadana empresarial es mucho más y de un mayor calado en la sociedad.

Pero en nuestro país los empresarios han preferido mantener un “perfil bajo”. Este perfil bajo en modo alguno ha implicado la carencia de influencia sobre los gobiernos. La acción de los empresarios, en este ámbito, ha estado dirigida en lo fundamental a influir en las decisiones de políticas públicas a través de contactos con las distintas esferas del aparato estatal, siendo el Poder Ejecutivo y la burocracia administrativa el ámbito donde normalmente se han desarrollado, y claramente su participación ha estado ligada a intereses puntuales y sectoriales. Otra característica de la participación empresarial en política es que ha sido indirecta, es decir, se ha preferido el lobby, la creación de canales informales y la búsqueda de favores estatales.

Solo un cambio de esta forma de participación por un real ejercicio ciudadano permitiría hablar de una transformación sustancial del patrón histórico de la acción política empresarial; lo que implica que los empresarios entiendan la importancia de su rol en la institucionalidad del país y que el éxito y la posibilidad de preservación de sus empresas están ligados al destino y calidad de vida del 99% de la población del país, lo que los obliga a participar en política y no cerrar los ojos frente a la grosera desigualdad y clara falta de institucionalidad que aún existe.

Para ello solo basta con cumplir la Constitución. Una economía social de mercado, como manda nuestra Carta, se sustenta en algunos conceptos básicos; por un lado, la libertad de empresa y la propiedad, que en el ámbito de la producción permite que el excedente generado sea propiedad empresarial, lo que confiere al empresario un “poder decisivo” para influir en los demás sectores y sobre las instancias de gobierno.Esto por sí solo los hace diferentes y privilegiados frente al resto de la sociedad, y por eso mismo les impone una gran responsabilidad social.

Por otro lado, también se basa en la libre competencia, a la que deberá someterse toda empresa, y la protección de los consumidores, lo que en ambos casos implica el respeto de la persona en el mercado y la necesidad de un Estado fuerte que lo garantice. Cualquier otra cosa que no cumpla estos requisitos básicos podrá llamarse como quiera, pero no será una verdadera economía social de mercado.

Si la sociedad ha aceptado que mediante la actividad empresarial se generen excedentes y se acumule más propiedad, es porque esto estimula la riqueza y porque en contraparte, mediante la competencia y el respeto de los derechos de los consumidores, se beneficiará a la persona en el mercado. Pero si una de las variables de esta ecuación no se cumple el contrato social se defrauda.

Puestas las cosas en estos términos ¿cuáles son, o mejor dicho, cuáles deberían ser los verdaderos intereses de los empresarios? ¿Les conviene que exista una clase política fragmentada, un Estado débil, una sociedad pobre, un Poder Judicial anacrónico y burocrático? Decididamente no. ¿Qué pueden hacer? Primero, romper con la falacia de que los empresarios ya cumplen con el país solo porque pagan sus impuestos. Esta es una visión estrecha y suicida.

Si bien, en líneas generales, el empresario peruano ha aceptado sin mayores resistencias la globalización y la apertura de los mercados nacionales, aún no ha entendido la importancia de la institucionalidad del país. Prueba de ello es que la participación del empresariado en la innovación en el Estado es nula o casi nula. Lo propio se puede decir, salvo fragmentarios y aislados casos, sobre su apoyo a la educación, la mejora de la eficiencia en la justicia y, en general, en todos los servicios públicos; sectores cuyo déficit afecta directamente la actividad empresarial.

En suma, los empresarios deben entender que no hay empresa sin Estado, y no hay Estado sin ejercicio ciudadano, comenzando por quienes tienen más responsabilidad: los empresarios.

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