La Libertad Sexual de los Adolescentes: Un Derecho Constitucional


En reciente sentencia el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la autodeterminación sexual de los adolescentes entre 14 y 17 años, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 173 inc. 3) del Código Penal por considerar que tal norma vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad de dichos adolescentes (STC 00008-2012-PI/TC).

Para fundamentar su decisión, el Tribunal sostiene con razón que uno de los ámbitos de la libertad en el que no cabe injerencia estatal, por formar parte del contenido esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es la libertad sexual. Y apoyado en lo sostenido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFP), afirma que “la libertad sexual está referida a la libertad de disponer de la sexualidad propia”, y añade que “comprende una faceta positiva, referida a la capacidad de disposición, sin más límite que la libertad ajena; y una fase negativa, referida a la capacidad de rechazar proposiciones y actos no deseados…”.

En buena cuenta, con esta sentencia el Tribunal Constitucional extiende el derecho a la libertad sexual a los adolescentes entre 14 y 17 años, es decir, se les faculta para que libremente puedan autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad sin que el Estado o cualquier persona pueda intervenir en su libre ejercicio, reconociéndoles el derecho a decidir la realización o no del acto sexual, así como con quién, cómo y en qué momento hacerlo.

Se trata de una resolución realista, pues en las últimas décadas los jóvenes inician su vida sexual  cada vez más temprano, y no era posible sostener jurídicamente la “criminalización” de la actividad sexual de los adolescentes como en la práctica lo hacía la citada norma del Código Penal.

Sin embargo, lo que el Tribunal no parece tener claro es la gravedad  (en el sentido de importancia)  del paso que ha dado. El Tribunal Constitucional no solo ha declarado inconstitucional una norma, ha reconocido una libertad constitucional, la libertad sexual de los adolescentes, y, nos guste o no, tal decisión ha abierto una infinidad de implicancias que no se pueden desconocer. Digo esto porque en la citada sentencia no hay ni un solo considerando, un solo párrafo, una sola línea, una sola exhortación sobre el problema de fondo: la sexualidad de los adolescentes, la sociedad y el rol del Estado.

Lo cierto es que la resolución implícitamente impone al Estado implementar determinadas  políticas y adecuar el resto de su normativa para hacer viable esta libertad para los jóvenes, pues es en este grupo de la población donde las acciones de prevención para una sexualidad sana pueden llegar a ser más efectivas. Pero también porque está probado que este es uno de los grupos más vulnerables de la población. Un solo dato lo confirma: las cifras epidemiológicas muestran que la mitad de las nuevas infecciones por VIH en el mundo se dan entre personas que tienen entre 15 y 24 años (Onusida, informe sobre la epidemia mundial del SIDA: Cuarto Informe Mundial, ONUSIDA, Ginebra, 2004, p. 14).

Pero volviendo a la sentencia del Tribunal Constitucional, me pregunto si los magistrados han reparado en que, si se reconoce la libertad sexual de los adolescentes, no se puede desconocer su derecho a asistencia ginecológica y privacidad ante los padres. En otras palabras, a partir de esta sentencia los adolescentes pueden ser parte de actos médicos sin que los padres puedan intervenir, y que incluso estos jóvenes puedan decidir, por ejemplo, si usan o no algún método anticonceptivo o más aún si  optan por alternativas más radicales como una ligadura de trompas o la píldora del día siguiente.

En suma, es inevitable que el Estado, en todos los pasos que de en el tema de la adolescencia –no me atrevo a decir problema– tenga presente que se trata de un asunto en extremo complejo, que no se soluciona solo desde el ordenamiento legal, aunque sin duda este es  importante. Lo comprueba el hecho de que no exista uniformidad sobre la definición de adolescencia, ni siquiera en el criterio basado en la edad, pues la Organización Mundial de la Salud, considera como adolescente a los jóvenes entre 10 y 20 años; mientras que, la Asamblea de las Naciones Unidas fija la adolescencia entre 15 y 24 años, y en nuestro país se considera adolescentes a los jóvenes entre 12 y 18 años (art. I TP Código de los Niños y Adolescentes). Pero el tema se complica aún más cuando se legisla con la idea de que los adolescentes son seres en tránsito, carentes o en crisis y no se les considera como personas en busca de su identidad.

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