¿Por qué fracasa el Estado?


La mil veces anunciada y el mismo número de veces fracasada reforma de la Administración Pública podría dar un giro inesperado. El actual gobierno ha decidido impulsar la participación de la ciudadanía en este empeño, y con ello apelar a quienes sufren los estragos de una administración pública torpe, ineficiente, pero sobre todo excluyente.

El trámite de más”, como llama el Ejecutivo al concurso de propuestas para solucionar o corregir los problemas y deficiencias que presenta la Administración Pública, es una buena iniciativa porque permite que participe en la reforma un actor decisivo, el ciudadano. Pero denunciar y proponer una solución a “el trámite de más” no es suficiente. Todos esos cientos y quizás miles de “trámites de más”  que existen en la Administración Pública, revelan a primera vista una ineficiencia manifiesta de la burocracia estatal, que condenan al ciudadano común a transitar por un camino laberíntico con idas y vueltas y numerosas instancias, que la más de las veces lo único que consigue es que todo reclamo o emprendimiento se extravié o se frustre. Pero en realidad ese “trámite de más” agazapa algo a su vez más importante y pernicioso, una concepción, una idea que tanto los funcionarios de más alto nivel como los empleados públicos tienen de la burocracia. Una idea que es preciso no solo combatir sino eliminar si queremos que las cosas realmente cambien.

Se trata de la visión patrimonialista del Estado, que es aquella que tienen quienes lo miran como propiedad, y cuando llegan a él buscan “apropiarse” de su aparato y lo conducen como su dominio y en su beneficio. Este es un concepto que construyó Max Weber al inicio del siglo XX que tiene plena vigencia en nuestro país, pero que no solo se refiere –en su versión moderna– a los políticos y a las grandes empresas que buscan capturar el Estado en su estructura y funcionamiento, también existe una visión patrimonialista del simple burócrata, esa que se anida y desarrolla en el día a día del funcionamiento de los entes estatales, y que se refiere a la perniciosa idea del metro cuadrado del poder propio, en la que cada empleado público se siente “dueño”, amo y señor del poder que le da el trámite, la instancia, procedimiento que él “controla”.

Estoy seguro de que todo aquel que haya tenido que lidiar con la Administración Pública, suscribiría sin reservas la plena vigencia de esta concepción de la administración estatal entre los empleados públicos. ¿Cómo hacer que el Estado sea más eficiente? Ese es el desafío de la próxima década, un Estado gigantesco e ineficaz con más de un millón de empleados públicos, con enormes recursos incapaz de administrar y que en los últimos cinco años su presupuesto ha pasado de 50 mil millones en el 2006 a más de 100 mil millones de soles en el 2013.

Hay quienes sostienen que el principal problema del Estado es la corrupción; sin subestimar la importancia de este problema, considero que el principal de los males del Estado es la ineficiencia en el manejo de los recursos, particularmente el recurso humano que es el principal de estos. En nuestra administración estatal todos los días se pierden millones de horas de personal.
Por eso, no dudaría en afirmar que el telón de fondo de la corrupción y otros males, es precisamente la ineficiencia, que no solo nos cobra esos millones de horas que los ciudadanos tenemos que pagar, sino que nos sustrae millones de horas a los administrados. El colofón de todo esto es que la ineficiencia estatal afecta de manera directa e inmediata a quienes tienen menos recursos.

Qué duda cabe, no hay acto más arbitrario, que promueva más la corrupción, que genere enorme frustración entre los ciudadanos y que deslegitime más al Estado que la ineficiencia. Peor aun, un Estado ineficiente es por definición un Estado que promueve la desigualdad y exclusión. Pruebas al canto, la ineficiencia del Estado en la educación consolida de una manera brutal y definitiva la desigualdad y desventaja entre jóvenes de clases sociales distintas, en perjuicio de quienes tienen que estudiar en colegios públicos o de quienes sencillamente no podrán estudiar porque el Estado no les ofrece esa posibilidad.

Así, la ineficiencia del Estado vuelve quimérico el precepto constitucional que consagra la igualdad de oportunidades, el cual está destinado a corregir las asimetrías que se dan en la economía a favor de las clases acomodadas, buscando que las clases menos favorecidas puedan progresar mediante el éxito profesional. Nada de esto se dará con un Estado ineficiente.

En la década de los noventa nuestra economía se abrió y con ello comenzó a modernizarse parte del Estado, fundamentalmente aquellas instituciones referidas al mercado. Pero la parte Estatal vinculada al ámbito social y a los servicios públicos siguió siendo altamente ineficiente. Las reformas en este ámbito nunca se dieron y el Estado, a la par que ineficiente, continuó siendo el principal factor de exclusión social y desigualdad.

Puesto el problema en estos términos, la reforma del Estado es crucial para el destino del país. La legitimidad de los gobiernos nace de las urnas pero se conserva y consolida en la eficiencia y transparencia de la gestión del Estado. Las instituciones fracasan porque son débiles y excluyentes, es decir, promueven la desigualdad o dicho de otra manera, solo favorece a unos pocos que son quienes lo controlan. De este modo, cuando el Estado está diseñado y funciona en beneficio de unos cuantos,  sus instituciones marginan la posibilidad de que los ciudadanos se eduquen, desarrollen su talento y creen riqueza. Por ello, un Estado ineficiente solo produce sobrecostos, desconfianza, frustración o, para decirlo en una palabra, pobreza.

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