Consumidor y la Regla de Transparencia de los Precios


Si bien el empresario impulsa  y organiza el comercio, de ahí el énfasis que nuestra Constitución pone en la libertad de empresa, en la lógica de una economía social de mercado no son los empresarios quienes deben decidir qué y cuantos bienes se producen, ni que bienes son los que deben permanecer en mercado, sino los consumidores. Es el consumidor  el que dirige los destinos del mercado mediante claras señales (sus preferencias) que manda a través de los precios. Sin embargo, siendo seductora la lógica de esta teoría, en el mundo real de la economía no siempre es así. Los mercados son imperfectos, no operan como puede presumir una visión simplista: con competencia e información perfecta. En la realidad muchas veces el poder empresarial se impone en el mercado y no solo decide qué se produce sino como se comercializa.

Esto sucede, entre otras razones, por la falta de transparencia de los precios. Esto no solo  ampara al empresario ineficiente, sino que afecta  los intereses económicos de los consumidores. La base de la competencia es la transparencia de los precios, de modo que la claridad de estos no solo beneficia al consumidor sino a los propios empresarios.

Por todas estas consideraciones la regla de transparencia de los precios es una norma fundamental del Derecho del Consumo y es una derivación del derecho a la información económica que tiene rango constitucional, pues está alojada en el artículo 65 de la Constitución. En realidad conocer el precio es uno de los derechos básicos del consumidor, para que a su turno pueda de un modo efectivo ejercer su derecho a elegir. En esta línea el Código de protección del Consumidor se ocupa en diversos artículos del precio de los bienes y servicios. Cabe puntualizar que no se trata de una norma reguladora de los precios, es decir, un dispositivo que imponga un tarifario en los mercados, pues la determinación del precio en marcados no regulados es una facultad del empresario y una expresión de la libertad de empresa.  Las normas que recoge el código sobre este punto son reglas  de transparencia del precio, como el artículo 4 referido a la integridad del precio, pues es inaudito que el consumidor no pueda conocer de una manera directa y simple el precio total de aquello que va adquirir. Normas complementarias a esta son los dispositivos relativos a la exhibición del precio (art 5), pues  se considera una afectación de los derechos del consumidor el denominado precio sorpresivo; en este mismo sentido se incluye la norma relativa al tipo de moneda para el pago.

En esta misma línea no debe llamar a sorpresa que en nuestra legislación existan normas que regulen la obligación exhibir los precios, como sucede en los casos de los medicamentos, libros escolares, servicios de hotel, restaurantes, etc. En suma, dado que diversos mercados en el país no son lo suficientemente transparentes, sería saludable que la autoridad de consumo disponga  en qué otros mercados deberían publicitarse el precio a fin de garantizar los derechos económicos de los consumidores, como en los servicios educativos (colegios, universidades, institutos), servicios de salud (clínicas, seguros), bienes inmobiliarios.

La transparencia de los precios es una norma de clara estirpe liberal, y en nada afecta las libertades económicas, pues ella contribuye a ejercer de un modo efectivo el derecho a elegir que es una de las bases de la economía libre.

Artículo Publicado en “La Ley”, junio 2011.

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