El mensaje presidencial y la Constitución


Una de las principales obligaciones constitucionales del Presidente de la República es incumplida desde hace varios gobiernos, no solo por la responsabilidad de los mandatarios  sino por la desidia y negligencia del Parlamento. Se trata de la norma recogida en el inciso 7 del artículo 118 de nuestra Carta Política, que es una norma de control y rendición de cuentas, y no de un mero ritual o de un simple discurso como hasta ahora se ha venido haciendo sin que el Congreso entienda su papel y lo asuma.


El mencionado mandato constitucional establece que el Mandatario de la República está obligado a dirigir un mensaje al Congreso en forma personal y por escrito. Dispone, además, que dicho mensaje debe contener “la exposición detallada de la situación de la República así como las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”; y concluye exigiendo que “todos los mensajes del Presidente, a excepción del primero que realiza cuando asume el gobierno, sean aprobados por el Consejo de Ministros”.

 No es necesaria una gran pericia jurídica para comprobar de inmediato que se trata de una regla esencial en la rendición de cuentas al país del primer mandatario, sobre la conducción del Estado, de la gestión de la cosa pública y la preservación del Estado de Derecho. Constituye,  por tanto, un mecanismo de control básico del Parlamento respecto del uso y cumplimiento que el Presidente hace de sus numerosas  prerrogativas, competencias y obligaciones constitucionales alojadas en el mismo dispositivo.

 La precisión que contiene la Constitución al establecer que el mensaje debe realizarse de manera presencial en el Hemiciclo cada año, al momento de instalarse la primera legislatura ordinaria, confirma que no se trata de cualquier mensaje o discurso, que se pueda dar por cualquier medio y en cualquier momento, y más bien confirma que se trata de un mecanismo  de balance de poderes propio de la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo.

Que además se exija que el mensaje sea presentado en forma escrita y refrendado por el Consejo de Ministros corrobora que dicho dispositivo está enderezado al control y a hacer efectiva la responsabilidad  por el incumplimiento de lo expuesto; de este modo el mensaje presidencial constituye  una suerte de hoja de ruta anual a la que se compromete el Ejecutivo y por la que está dispuesto a responder. De esta manera se cae de maduro, que en el mensaje de cada año debería partirse de lo expuesto en el mensaje anterior haciendo un balance de lo logrado y lo incumplido, exponiendo además las razones en ambos casos. Es decir, una verdadera rendición de cuentas.

Pero el mandato constitucional no se agota en lo señalado, exige también que el Presidente proponga reformas o planes que se concreticen en propuestas normativas para que sean consideradas por el Congreso. En otras palabras, que reafirme su liderazgo en la conducción del Estado y plantee la agenda política, económica y social del país durante un año.

Que al cabo de todos estos años el mensaje presidencial haya sido entendido como un simple acto protocolar –que luego de una semana se olvida– revela que se ha caído en el error de considerar que los alcances del citado dispositivo se agota en su fórmula literal y no en el real contenido en la norma, obviando que se trata de un mandato de control irrenunciable para fortalecer la institucionalidad del país. En esta línea, el Congreso incurre en un incumplimiento constitucional por omisión que debiera corregir de inmediato, asumiendo su papel de control y exigiendo la toma de cuentas anual que manda la Constitución, para lo cual deberá reglamentar este precepto constitucional de un modo razonable y ponderado tal como lo ha hecho para las interpelaciones de los ministros.

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