Control Judicial del Parlamento


La reciente sentencia del caso García ha reeditado en nuestro país el debate sobre si la jurisdicción constitucional, incluso si un “simple juez”, puede ejercer control sobre las acciones del Parlamento. Al respecto, convendría tener presente que el principal acto de poder del Estado, que es el acto legislativo, es decir, el acto por el que se crean las leyes,  puede ser controlado en forma y contenido por el juez  más modesto del sistema (control difuso).  Igualmente este poder puede ser controlado  cuando investiga, juzga o sanciona (jurisdicción material).

Esto debido a que, desde hace ya buen tiempo, se ha sancionado que en un Estado Constitucional de derecho no existen ni pueden existir zonas exentas de control constitucional (STC Exp. 5854- 2005- PA/TC). Ninguna institución pública o privada puede declararse zona liberada de la Constitución, más aún si en los hechos cumple función de investigación y juzgamiento.

No hay nada que haya dicho el juez  en su sentencia que no se pudiese conocer echando un vistazo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El carácter vinculante del Derecho Internacional de los DDHH, así como la vigencia del bloque de constitucionalidad en el Perú, son ampliamente conocidos. En este sentido el fallo del caso García era absolutamente previsible.

Ya desde la sentencia Tribunal Constitucional vs Perú  (enero 2001), la CIDH estableció que las garantías mínimas del debido proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino también en la administrativa, corporativa y parlamentaria.

En esta línea, es falso que el debido proceso solo debe observarse en los procesos jurisdiccionales, es decir, aquellos que se ventilan en el Poder Judicial. Así quedó zanjado en el caso Ivcher vs Perú (febrero 2001), cuando la CIDH estableció que todos los órganos que ejercen funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen la obligación de respetar el debido proceso. Ello debido a que las sanciones administrativas, disciplinarias o de naturaleza análoga son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado (caso López Mendoza vs Venezuela, septiembre 2001).

Pero aún más, en el ámbito parlamentario, la  obligación de respetar el debido proceso no se reduce al antejuicio y al juicio político, también alcanza a las actuaciones de las comisiones investigadoras e incluso a las de las comisiones ordinarias. En esta línea, la doctrina ha dado un paso más, al punto de postular una “tutela reforzada” de esta garantía. Esto ha sido recogido expresamente en varias jurisprudencias y reiterado en la sentencia del caso Diez Canseco. La base de esta posición parte de que la interpretación normativa y las decisiones adoptadas en sede parlamentaria no siempre están guiadas por criterios jurídicos, y muchas veces priman los criterios políticos. Más aún si las comisiones investigadoras de los gobiernos pasados están integradas por adversarios políticos de quienes son investigados.

En este derrotero la jurisprudencia (casos Diez Canseco y ahora García) ha establecido que el investigado tiene derecho a conocer mínimamente el por qué se le acusa, cuáles son o serían las conductas ilícitas en las que habría incurrido y por las cuales se le investiga, los hechos que sustentan la misma, aportar medios probatorios que permitan desbaratar, de ser el caso, las imputaciones en su contra. Para que se verifique el cumplimiento de estas exigencias no es necesario que se tenga condición de acusado, pues muchas veces la transición entre “investigado” y “acusado” –y en ocasiones incluso “condenado”– puede producirse de un momento a otro. Sobre todo, como destaca la reciente jurisprudencia, muchas veces investigaciones del Congreso constituyen la primera fase del proceso acusador de los altos funcionarios del Estado.

Un punto que sí es sensible  de la resolución del caso García es cuando esta afirma que:  “Es cierto que el Congreso tiene facultades para investigar temas relacionados con el interés  público, pero aceptar la tesis de que cualquier persona puede ser investigada por la sencilla razón de haber sido Presidente de la República, congresista, ministro, etc., no resiste mayor análisis en tanto en nuestro sistema se presume la actuación lícita de los funcionarios públicos y la presunción de inocencia, además los procedimientos penales, administrativo sancionador o parlamentarios no pueden activarse sin alguna razón que la justifique, tienen que existir indicios razonables de alguna ilicitud. Lo contrario podría implicar que se inicien procesos parlamentarios sin ninguna razón y solo con la finalidad de perjudicar al adversario político” (Décimo sexto fundamento).

Una lectura superficial de esta sentencia puede introducirnos en un terreno peligroso. Convengo en que la presunción de actuación lícita es un derivado de la presunción de inocencia, y que en este sentido no se puede activar el sistema sancionador inmotivadamente, pero un excesivo garantismo en un país con los elevados niveles de corrupción y que necesita mayores niveles de transparencia, podría generar más impunidad e involuntariamente proteger a quienes han transgredido la ley. En este sentido debiera haber un mayor umbral de tolerancia para el inicio de las investigaciones en sede parlamentaria, cuando de hombres públicos se trata. Por lo demás esta ha sido la línea que ha seguido la CIDH respecto a otros derechos fundamentales como el derecho a la privacidad de un hombre público. En suma, como siempre se trata de compaginar derechos, de armonizar el interés público con la esfera de los derechos individuales.

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