Redes Sociales, Libertad de Expresión y el caso Fujimori


A menudo los esfuerzos que se hacen para limitar la libertad de expresión provienen del miedo a las ideas y a la apertura. Del mismo modo que toda pregunta entraña una respuesta, toda limitación o sanción esconde un temor. ¿A qué le temen quienes quieren limitar el acceso de un preso a las redes sociales?

Una de las características de quienes no entienden la Internet es que pretenden regularla, detenerla, sin comprender que inexorablemente fracasarán; lo paradójico de este caso es que la ignorancia o el temor hacen que Fujimori aparezca, nada menos, como víctima de la censura.

“Que el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva”, es casi una regla de sentido común y, como tal, está recogida en las normas legales sobre ejecución penal en nuestro país. De este modo, cuando un hombre ha delinquido y es sentenciado, el recorte de su libertad no implica necesariamente la limitación de otros derechos fundamentales.

Esta misma línea ha seguido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, al decir que: “tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos” (STC Exp. Nº 03169-2011-PHC/TC, f. j. 4.).

Este desarrollo normativo y jurisprudencial se desprende de un modo lógico y directo del principio rector de la Constitución, referido a la dignidad humana y a los derechos que la componen. Así, aun cuando se limite su libertad, la persona no puede ser degradada y afectada en sus demás derechos.

Sin embargo, de acuerdo a los estándares en materia de libertad de expresión, este no es un derecho absoluto y, en tal sentido, puede restringirse e incluso prohibirse la difusión de un determinado discurso, como cuando se prohíbe la apología del delito (restricciones sobre el contenido) o regular la forma, tiempo, lugar o medio en que puede ser transmitido, como cuando se limita la publicidad del consumo de alcohol en horarios de protección al menor (restricciones neutras). Pero en cualquier caso, para que sean válidas tales restricciones, deberán cumplirse criterios de carácter formal y sustancial: perseguir una finalidad legítima e idónea; ser necesarias para el objetivo propuesto; y ser proporcionales en sentido estricto (caso Kimel vs. Argentina, párrs. 58 a 93 y caso Usón Ramírez vs. Venezuela, párrs. 49 a 87).

Si todo esto es tan diáfano y concluyente ¿por qué el ministro Justicia, Daniel Figallo, afirma que hay vacíos legales y que es preciso que se regulen las comunicaciones del ex Presidente Fujimori a través de las redes sociales? El principal obstáculo para el avance de un Estado de Derecho no es la ignorancia de la ley, sino pretender hacer de las leyes un instrumento de la política.

En un Estado democrático las razones de la política no pueden prevalecer sobre las razones del Derecho. El Derecho no puede darse a la medida de las personas y las circunstancias, las normas y su aplicación deben trascender la lógica utilitaria de los intereses políticos.

En el caso Fujimori, resulta evidente que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico no hay vacío legal, ni para limitarle o prohibirle el acceso a cuentas de Facebook o Twitter. No obstante, en este punto conviene recordar que la normativa actual prohíbe el ingreso de equipos de comunicación a las cárceles, pero no que los reos posean cuentas en redes sociales.

Expuestos los hechos y las normas de este caso, resulta difícil que se puedan restringir los mensajes políticos de Fujimori, pues es difícil que estos vulneren bienes constitucionales protegidos.


¿Acaso un preso no puede escribir cartas y estas ser publicadas? ¿Acaso no puede ser colaborador de un medio escrito o digital? ¿Acaso no puede escribir un libro en papel o en formato digital? Ejemplo de condenados que han escrito obras hay numerosos; incluso hace cuarenta años el abogado boliviano Reynold Peter, por las restricciones que tenía, escribió en papel higiénico un hábeas corpus que posteriormente permitió su liberación.

La libertad de expresión no se protege recortándola, sino con más libertad. Una regulación politizada es lo más cercano a la censura. No tengamos miedo a que se diga lo que se quiera. El ciclo del señor Fujimori no terminará mientras sus opositores y enemigos lo mantengan vigente.

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