Por qué no voy a votar


Este domingo no iré a votar en las elecciones complementarias de Lima. Mientras observo con sana envidia las recientes elecciones presidenciales en Chile donde, a diferencia nuestra, los chilenos pueden decidir libremente si acudir a votar o no.

El caso chileno muestra que la mitad del país decidió quedarse en casa. Pero a nadie se le ocurre cuestionar los resultados, porque la mitad que sí ejerció su voto lo hizo voluntariamente, de manera informada y consciente. Esa es, precisamente, la fuerza de la democracia, su legitimidad.

No creo que haya base constitucional para que el voto sea obligatorio; es cierto que nuestra Constitución señala literalmente que el voto en el Perú es obligatorio hasta los setenta años y facultativo luego de esta edad (art. 31). Pero también es cierto que  la propia Carta reconoce que el voto es un derecho.

¿Es posible sostener que el  voto sea al propio tiempo un derecho y una obligación? ¿Son jurídicamente sostenibles las sanciones o limitaciones de otros derechos por no votar?

No voy a votar porque no me convencen quienes afirman que es posible, sostener que el voto es un derecho pero también  un deber cívico, una suerte de obligación ciudadana, sobre cuyo cumplimiento se afianza el sistema democrático, y que el sufragio activo (el voto) tendría una función social cuya obligatoriedad no solo puede ser regulada sino exigida por el Estado, al punto que el incumplimiento de este “deber” pueda generar sanciones jurídicas como por ejemplo la multa.

No se me malinterprete, no es que niegue que en ciertos casos puedan convivir derechos y deberes. Es más, estoy convencido que jurídicamente muchos derechos aparejan deberes y que, por tanto, no es posible mirar a aquellos solo como facultades o prerrogativas sin mayor límite. Y menos aún que considere que los derechos son absolutos y que no existe el interés social.

Por el contrario, sostengo que los derechos y su ejercicio siempre deben conciliarse con el interés común, buscando no afectar a terceros. Pero en este caso no veo cómo el libre ejercicio de este derecho puede afectar a la sociedad, por eso no hay razón para que el voto sea compulsivo, como sí sucede en el caso de la educación de los hijos que, siendo un derecho, también es una obligación de los padres.

Decididamente me ubico en la otra acera de quienes piensan que el derecho al voto también puede ser una obligación. A tal punto es insostenible la tesis de quienes defienden el voto forzoso que  lo prefieren llamar “deber  ciudadano”. Igual esta morigeración no cambia nada.

El voto pertenece al tipo de derechos que deben ejercerse sin mayores cortapisas, por ello no puede ser compulsivo y menos su no ejercicio ser sancionado. En la pugna entre un deber y una libertad debe vencer esta, siempre que no dañe o afecte a los demás. Si es un derecho, en principio su ejercicio debería ser libre.

Pero además el voto obligatorio, en la práctica, entraña una contradicción insalvable: si yo no quiero votar por nadie, igual tengo que hacerlo, y si estando obligado a ir a votar decido votar en blanco ¿acaso no es lo mismo que no votar? Si en la primera vuelta voté por quien no pasó a  la segunda, ¿debo ir a votar por quien no quiero votar? y si nuevamente en este caso decido votar en blanco ¿acaso no es lo mismo que no votar?

Pero lo que ya es más absurdo e ilegal son las sanciones. En nuestro ordenamiento se encuentra vigente la Ley 28859, que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales, y reduce las multas a favor de los ciudadanos omisos al sufragio. Esta norma morigera las afectaciones a otros derechos por no votar, sin embargo, estas restricciones igual se aplican en la medida en que el Estado y las notarías exigen que se haya pagado la multa para ejercer ciertos derechos civiles. ¿Puede mantenerse esta situación, es decir, que se limite la contratación o la  celebración de otros actos jurídicos o se impida realizar actos administrativos?

En suma, no voy a votar porque esta vez he decidido no hacerlo, y porque  el voto obligatorio es la desnaturalización de la esencia de este derecho y porque, además, adocena a los partidos y empobrece la política.

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