¿Qué hacer frente a la delincuencia vial?


Se hace urgente una serie de reformas legales que aborden la grave situación que presenta la inseguridad vial en el país

El gobierno afirma que el Perú avanza. Ya no solo tenemos inseguridad ciudadana, criminalidad organizada en la política, ahora también tenemos delincuencia vial, la que en otros países se ha definido como los delitos que se cometen por irresponsabilidad de los conductores en las pistas y carreteras.

Este problema es extremadamente grave. Las muertes que el caos y la delincuencia vial han cobrado en nuestro país superan largamente las que provocó Sendero Luminoso, pues ya son 39 mil personas que han perdido la vida en las pistas en la última década.

Es una situación que nos acusa a todos de una manera inapelable, pero en especial a las autoridades, que solo atinan a ponerse de perfil y a señalarse entre ellos como responsables.

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones alega que solo es un ente normativo y que la fiscalización de las vías urbanas les compete a los gobiernos locales; estos se defienden diciendo que la policía de tránsito en coordinación con el MTC deben intervenir a los choferes suspendidos.

En cualquier caso, nos ofrecen un escenario que lo único que revela es el irreparable daño que causa la ineficiencia y déficit de gestión en los distintos niveles del Estado.

PROBLEMA NACIONAL QUE REQUIERE RESPUESTA URGENTE

El problema de transporte, con sus diferentes aristas, pero en particular la delincuencia contra la seguridad vial, se ha convertido en un problema nacional que exige una respuesta urgente y que debe venir desde las más altas esferas del Estado.

Es claro que estamos ante un problema de gran amplitud y complejidad. No podemos creer en soluciones fáciles, esto solo comenzará solucionarse con la implementación de una política pública integral que encare todos sus aspectos, comenzando por la creación de una autoridad única de transporte.

Uno de esos aspectos, es que nuestro país tiene una normativa muy ineficiente en materia de infracciones de tránsito y delincuencia contra la seguridad vial, que no solo genera impunidad sino que estimula el incumplimiento de las más elementales reglas de tránsito.

Un ejemplo que llega al extremo del absurdo ilustra trágicamente lo que decimos. En nuestras pistas existen choferes que tienen más de un centenar de papeletas y siguen conduciendo. El viernes último, el chofer que arrolló y mató a una joven discapacitada tenía 44 papeletas impagas, una historia que se repite una y otra vez.

Dicha situación se da evidentemente por la inaceptable inacción del Estado, pero también por una deficiente normativa administrativa y penal. El problema central es que las empresas de transporte hacen un uso abusivo del derecho de impugnación, de la regla de la doble instancia y la presunción de inocencia.

Con el propósito de dilatar la ejecución de la sanción apelan las multas y siguen el proceso administrativo, llegando incluso a judicializar estos procesos. Ya en el Poder Judicial estos juicios se convierten en interminables, pasan años y mientras tanto, las multas quedan sin efecto, pues estas sanciones prescriben a los dos años.

En realidad este es el objetivo: hacer que prescriban las multas, una artimaña legal hecha desde las debilidades del sistema y la incompetencia del Estado, ello explica por qué existen choferes con más de un centenar de papeletas pendientes y empresas que suman decenas de millones en multas impagas. Para muestra un botón, solo una de ellas supera las 4,300 papeletas y acumula 7.4 millones en multas. Se trata de una realidad absurda que cobra vidas todos los días.

REFORMA LEGAL NECESARIA

Para frenar esta situación y poner fin a este mal entendido y peor aplicado derecho de impugnación, debería procederse a realizar un conjunto de reformas legales. Cuando se trate de choferes que conducen vehículos de transporte público estos solo deberían tener derecho a impugnar una sola vez las papeletas que se les imponga, y seguir conduciendo, de modo que a la segunda impugnación se les suspenda la licencia hasta que se resuelva dicha impugnación.

Pero como es muy probable que las empresas y los propios choferes hagan caso omiso e igual continúen conduciendo, concurrentemente habría que establecer causales de suspensión del plazo de prescripción de las multas, de manera que esto no sea un incentivo perverso para seguir litigando.

Más aun, la situación es tan grave que habría que considerar seriamente la posibilidad de incluir en el Código Penal los denominados delitos contra la seguridad vial, como ya existe en países como España.

Me refiero, por ejemplo, a: “delitos de conducción de un vehículo de transporte público sin brevete o con el brevete suspendido o vencido”, esto agravaría la situación de los choferes que conducen con decenas de papeletas a cuesta. También se debería incluir los delitos de: “conducción a velocidad excesiva”, “conducción con temeridad manifiesta”, “negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas”, entre otros.

No hay olvidar que un vehículo de transporte motorizado es un bien riesgoso y quien lo conduce tiene la obligación de tener un especial cuidado, el cual debe agravarse cuando se trate de un transporte público.

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