El presidente Humala y el conflicto de intereses


“Yo no he visto conflicto de intereses”, afirmó el Presidente Ollanta Humala, ensayando una defensa en relación al caso del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, a quien la prensa y la oposición lo acusan de haber favorecido a la empresa petrolera InterOil y a otras compañías que su estudio de abogados patrocinaba,y al que perteneció hasta momentos antes de asumir el cargo de ministro.

No es el único caso; en los últimos meses, en los más altos niveles del gobierno, se han develado vínculos profesionales y empresariales de ministros de Estado que lindan entre el conflicto y la ilegalidad. La situación comienza a extenderse a tal punto que el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha calificado a este como un “gabinete de lobbistas”. Pero el problema no se reduce al Ejecutivo sino que se extiende a todo el Estado, comenzando por el propio Parlamento donde los casos no son menos escandalosos, y van desde financiamiento de campañas de congresistas por empresas con claros intereses en el Legislativo, hasta congresistas que participan en comisiones en las que tienen intereses particulares confrontados con los del Estado.

En todos estos casos de conflicto de intereses se debilita más la confianza pública, dominada por el recelo sobre cómo se manejan los intereses privados en el Estado, siempre en contra del interés común. Por eso las declaraciones hechas por el mandatario, que debería actuar como el primer defensor del interés común, no solo afectan la confianza en el Estado, sino que dan pábulo a que los funcionarios de alto nivel entiendan el conflicto de interés como un concepto esquivo, difícil de detectar.

Desde luego esto no es verdad y solo se revela como un recurso para burlar la ética pública. El concepto es muy simple. En el Estado, el conflicto de intereses se da cuando confluye en el funcionario un interés o intereses adversos al interés del Estado. Este interés adverso se caracteriza siempre por poner en inminente riesgo la objetividad e independencia de juicio del funcionario, e invariablemente lo conduce a incumplir el deber de lealtad al que está obligado. El interés adverso puede darse por interés personal o de un tercero, vinculado familiar o económicamente.

En los códigos de ética de los abogados, por ejemplo, el caso más flagrante de conflicto de intereses es el patrocinio
simultáneo, es decir, representar intereses contrapuestos a un mismo tiempo; asimismo, en principio también se encuentra proscrito el patrocinio de intereses sucesivos, es decir, representar o asesorar a la contraparte –sobre un mismo caso o un caso vinculado– luego de haber patrocinado a la otra.

El caso del ministro Mayorga

Pero volvamos al caso del ministro Mayorga, quien en virtud de su ubicuidad profesional ha estado simultánea –perdón, sucesivamente– a los dos lados de la mesa,primero como asesor de la petrolera InterOil y después firmando el decreto supremo que extendió la prórroga del contrato de explotación de los lotes 3 y 4 en Talara, luego de que esta empresa perdiera un arbitraje con el Estado, en el que precisamente se discutía la prórroga del contrato.

El ministro ha dicho en su defensa que el estudio del que era socio, hasta que asumió el cargo, asesora a la mayoría de empresas del sector, incluso a las que son parte del concurso del gaseoducto del sur. Me pregunto si el Presidente no se da cuenta –o no ve– que lo dicho por su ministro está lejos de un argumento de defensa y que más bien es una descalificación definitiva, por el inminente conflicto de intereses que su actuación profesional representa.

En cualquier caso hay un asunto aún más de fondo y del que el afer Mayorga es solo un síntoma. Se trata de la toma del Estado por los intereses particulares. Nadie está en contra de que en el Estado se introduzcan estándares del sector privado como planeamiento, eficiencia, competitividad, innovación, etc., pero eso no es lo mismo que introducir en las decisiones estatales los particulares intereses de ciertas empresas. Esto último es mercantilismo puro y siempre afectará los intereses de Estado.

Declaración de intereses y Estado de Derecho

En un verdadero Estado de Derecho, donde prima el interés común por encima de los intereses de los particulares, todo funcionario que ingresa a un alto cargo público debería estar obligado a informar oportuna e integralmente sobre las posibles situaciones o relaciones que pudieran generar conflictos de intereses. Esta declaración pública de intereses no solo debe hacerse al momento de asumir el cargo sino en cada oportunidad que surja una situación que pudiera configurar un conflicto de este tipo.

Una regla básica en la actuación en el Estado es que en toda circunstancia un funcionario público debe defender el interés público. Por ello la sociedad tiene derecho a conocer cuáles son los intereses que han promovido sus más altos funcionarios; cuanto más clara la relación, cuanto más información haya, más fácil será identificar el conflicto de intereses y el eventual riesgo de corrupción.

No dudo de que el Presidente Humala no haya visto en el caso de su ministro Mayorga un conflicto de intereses, pero eso en ningún caso quiere decir que no exista, solo es reveladora de una situación aún más preocupante. Sin embargo, tengo la pequeña esperanza de que pueda ver la oportunidad que se le presenta para marcar un antes y un después en el manejo de los intereses de los particulares y del Estado; bastaría con licenciar a su ministro y exigir que en adelante todo alto funcionario haga una pública declaración de intereses.

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