El fin de la universidad


La necesidad de una nueva ley universitaria era evidente, pero más lo era la necesidad de un amplio consenso, de un debate plural sobre un tema tan crucial para la sociedad, así como para millones de jóvenes. Quién puede ocultar lo evidente, que la educación se encuentra en una situación crítica, que en términos de estándares de calidad y resultados estamos muy a la zaga; quién puede negar que la educación es un servicio público básico que el Estado no puede renunciar a regular.

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Pero del mismo modo que no se puede cerrar los ojos ante la crítica situación de las universidades, tampoco se puede negar que el Estado ha sido incapaz de garantizar  siquiera una educación inicial de calidad. Por ello, que se empeñe ahora en acreditar la calidad de la educación universitaria es sencillamente ilusorio, más aún si lo pretende hacer mediante un ente burocrático cuasi policiaco como el tipo de superintendencia que crea la nueva Ley Universitaria.

Se está cometiendo una gran irresponsabilidad que puede comprometer el futuro de toda una generación de jóvenes. Vamos a pasar de una suerte de autocontrol, que en definitiva no ha funcionado, de un cuasi libertinaje  -que nos ha conducido, en ámbito universitario, a lo más cercano al caos del tránsito vehicular-, a un régimen vertical, controlista, burocrático y de modelo único, que liquidará la libertad universitaria. Ambos extremos han probado ser impracticables y reñidos con la realidad, pero sobre todo con el verdadero fin de la universidad.

Es verdad que el propósito inmediato de la universidad es el desarrollo de competencias, capacidades y técnicas en los estudiantes en determinadas profesiones, que les permita a un mismo tiempo su auto realización y su inserción con la demanda laboral; pero, también, la universidad tiene un fin institucional no menos importante. Debe ser un actor crítico de la sociedad, siempre presente en los grandes temas del país. Pero la pregunta es: ¿podrá serlo si la vigila un comisario que tiene en sus manos la revocatoria de su licencia?

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La garantía de que lo sea es la libertad (autonomía) universitaria, que es una suerte de derecho básico, una obligación que el Estado se compromete a respetar frente a los ciudadanos. Precisamente por eso es un derecho mínimo, lo que implica que el Estado debe tender a maximizarlo, es decir, no solo a respetarlo sino a extenderlo.

La mejor manera de eliminar una libertad es estatizarla, ponerla en manos de un ente burocrático como el tipo de superintendencia que se creará. En definitiva, en el Parlamento no se ha entendido que existe una relación directa entre Estado y sociedad democrática; que es necesaria la vigencia de una universidad científica, crítica, tolerante y plural, lo cual es simplemente imposible con un modelo de universidad único, dictado y controlado desde la burocracia.

No dudo de las buenas intenciones de algunos, pero a menudo los parlamentarios son víctimas de espejismo jurídico, confunden el Derecho con la realidad, las normas con los hechos. No entienden que el Derecho es muy complejo y, como sucede en la conocida sinfonía de P. Dukas, El Aprendiz de Brujo, a menudo con una ley se desatan fuerzas que luego no se pueden controlar. La desgracia con estos aprendices es que están jugando con el futuro de millones de jóvenes y del país.

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