Humala no puede cerrar el Congreso si se niega confianza a Cateriano

Luego de la censura de la Ministra Ana Jara se ha desatado una ola de malos entendidos que han proliferado en los medios y que es urgente aclarar. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que no se ha producido la censura del gabinete ministerial sino solo de la Presidente del Consejo de Ministros, en los exactos términos que establece el artículo 132 de la Constitución.

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Esto es así, en primer lugar, porque la moción de censura que se presentó en el Congreso no era contra el gabinete Jara, sino solo contra la Presidenta del Consejo de Ministros. El referido artículo de la Constitución establece la doble posibilidad de que se censure a un ministro o a todo el gabinete. Desde luego, si se censura a la jefa del gabinete (o si renuncia o si es removida por el Presidente) se produce la crisis total del gabinete,  no la censura, y todos los demás ministros tienen que renunciar.

Tan claro es esto que el propio gobierno ha interpretado lo sucedido en dichos términos, de otro modo no habría explicación para que haya formado el gabinete Cateriano con casi todos los ministros del gabinete Jara. Lo hecho por el Presidente y el ministro Cateriano al recomponer el gabinete  tiene plena base constitucional en los artículos 132 y 133 de la Constitución.

Ahora bien, lo dicho nos lleva a un segundo mal entendido aun más grave.  Se ha afirmado que si el Parlamento negara la confianza al gabinete Cateriano, en aplicación del artículo 134 de la Constitución, el Presidente podría cerrar el Congreso. Esto no es verdad, el referido artículo establece que el Presidente solo puede cerrar el Congreso si este la ha negado la confianza a dos Consejos de Ministros, y, como acabamos de ver, no se ha censurado al gabinete Jara sino solo a la Presidenta del Consejo de Ministros. De modo que si se negara la confianza al entrante gabinete Cateriano, sería el primer gabinete que el Congreso censuraría y no el segundo.

Puestas las cosas en sus exactos términos constitucionales, si el Presidente cerrara el Congreso, amparado en la negativa de confianza al gabinete Cateriano, violaría la Constitución y cometería un golpe de Estado, pues como hemos visto él mismo ha interpretado que no se ha censurado el saliente gabinete sino que sus integrantes se han visto obligados a renunciar al habérsele negado la confianza solo a la ex jefa del Consejo de Ministros.

Lo expuesto no tiene como propósito promover o crear condiciones legales pera que se niegue la confianza al gabinete Cateriano, es más soy de la opinión que en principio debiera dársele el beneficio de la duda y otorgársele la confianza, pues considero que el actual Presidente del Consejo de Ministros (no Primer Ministro ni Premier) tiene una indiscutible trayectoria democrática que espero honre, y en esa línea cierre el paso a cualquier interpretación que violente la Constitución.

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La censura política

Luego de más de medio siglo, acaba de caer un gabinete completo. No había forma de justificar ni política ni legalmente el masivo seguimiento de miles de ciudadanos, principalmente políticos de oposición, periodistas y empresarios por parte de la DINI.

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La primera censura a un ministro se dio el 13 de julio de 1849. Se trató del ministro de Hacienda de entonces Manuel del Río, quien fue obligado a renunciar luego de ser duramente criticado por la Cámara de Diputados, la que condicionó la aprobación de un empréstito a su salida. En la práctica fue censurado no obstante que la figura no estaba regulada aún en la Constitución de 1839.

Modernamente, una de las principales competencias del Parlamento es el control político, función que consiste en verificar que los actos del gobierno y los poderes que se le han otorgado no desborden del marco de la  Constitución y la ley o, en otros términos, atajar aquellos actos que colisionan con los principios y valores democráticos recogidos en la Carta, y sancionar con la censura al gobierno en cabeza de uno o de todos sus ministros. En suma, el control político del Parlamento al gobierno es un mecanismo propio de los sistemas constitucionales y en modo alguno ajeno o contrario a estos, como anoche insinuaron en el debate los nacionalistas al decir que se trataba de “un abuso de poder” o “un chantaje político”.

Hay que recordar que el sistema de gobierno peruano es presidencialista con matices parlamentarios, lo que en palabras de Manuel Vicente Villarán significa que si bien en el Perú el Parlamento no tiene el poder de crear gabinetes sí tiene el poder de destruirlos. Tal potestad en la figura de la censura se remonta a la Constitución de 1867 en la que por primera vez aparece.

La censura se basa en el principio de división de poderes y función de control de la minorías parlamentarias, y asimismo la función de contrapeso que cumple el Congreso en un sistema democrático, cuyos ejemplos en la Carta son numerosos: investidura (art. 130), interpelación (art. 131), cuestión de confianza (art. 130), control de los decretos de urgencia (art 118) y muchos otros artículos dentro de los que destaca, desde luego, la censura (art. 132).

La censura no es, ni más ni menos, que una institución de control político aplicable únicamente a los ministros, que son quienes conducen la gestión del gobierno, y por lo tanto los responsables de sus actos y los del Presidente en la medida que este es irresponsable políticamente. Lo único que ha sucedido en nuestro país es que se ha aplicado la Constitución. Vale la pena subrayarlo, si bien está recogida en la Constitución y está regulada en el Reglamento del Congreso, es decir, en nuestro ordenamiento legal, la naturaleza de la censura es política no jurídica, lo que quiere decir, que el estándar para su aplicación es igualmente político y no jurídico, la consecuencia a la sanción es la salida del cargo del censurado.

Luego de más de medio siglo acaba de caer un gabinete completo. No había forma de justificar ni política ni legalmente el masivo seguimiento de miles de ciudadanos, principalmente políticos de oposición, periodistas y empresarios por parte de la DINI. El hecho de que la información “recolectada” sea pública no justifica ni volvía legal que se estén armando files industrialmente. No había salida, el gabinete debía caer.

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Andahuaylas: la primera protesta social de consumo

El paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta. No es minera ni ambiental, es contra los abusos e ineficiencia del mercado, es por la inacción del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Si la actitud del gobierno no cambia pronto estos paros se extenderán por todo el país.

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El problema surge de la equivocada concepción que se tiene en el Estado sobre la naturaleza del Código de Consumo y de los derechos de los consumidores. Claramente no se ha entendido que el Código es la norma más importante de control del poder económico de las empresas, que es una norma de protección de la persona en el mercado y de los abusos que se puede dar en este. No se trata de una simple norma de reclamos o de quejas como la concibe nada menos que la propia autoridad de consumo, Indecopi, y la totalidad de instituciones reguladoras.

Indecopi y los reguladores del mercado no son simples oficinas de reclamos, como ellos se ven a sí mismos. Esta visión minimalista del Código y de sus alcances es la que ha tenido el Estado todo este tiempo. El resultado es que cinco años después de aprobado el Código no se ha elaborado el Informe Anual de Consumo, como lo exige expresamente el artículo136. Este informe estaba a cargo de Indecopi, y debía hacerse por sectores o mercados, identificando aquellos donde se afectaban más los derechos de los consumidores, ubicando de esta manera los “mercados sensibles”,  como el caso del servicio eléctrico de Andahuaylas, donde también le cabe responsabilidad directa a Osinergmin.

Sin embargo, todo este tiempo, Indecopi solo ha presentado reportes estadísticos de quejas sin ningún tipo de metodología, análisis y menos conclusiones. Estos datos inorgánicos de ningún modo pueden calificar de Informe Anual de Consumo, y es una clara manera de no cumplir la ley aparentando que se cumple. Si realmente Indecopi y los demás reguladores hubiesen hecho su trabajo, casos como el de Andahuaylas se hubiesen identificado y evitado. Otra obligación contenida en el Código es la elaboración de un Plan Anual Nacional de Protección al Consumidor. Este plan no solo debe contener lineamientos de trabajo de la autoridad de consumo, sino un programa y cronograma de acciones concretas priorizándose los “mercados sensibles”.

El resultado de este incumplimiento, como de otras normas contenidas en el Código, y del pobre papel del Estado en este ámbito, es el paro de Andahuaylas y las protestas de consumo que se avecinan.

Ya no hay duda, estamos frente a un nuevo tipo de protesta ciudadana, motivada por los abusos del mercado, solo la ceguera o una visión extremadamente conservadora pueden negarlo.

Cómo no van a surgir protestas si el Perú es un país de mercados capturados por cuasi monopolios u oligopolios como en telefonía, banca, transporte aéreo y un largo etcétera, donde abundan los abusos del mercado. Cómo no van a haber paros de consumo si el Estado incumple flagrantemente la obligación constitucional de proteger a los consumidores (art. 65).

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Agresión a niños continuará: nuestros políticos lo garantizan

Más de 15 mil niños fueron agredidos física y sicológicamente en el 2014; sin embargo, hasta ahora duerme en el Congreso el proyecto de nuevo Código de los Niños y Adolescentes, el cual contiene normas que proscriben el castigo físico a los menores e incluso sanciona con pena privativa de la libertad a los padres o tutores que los castigan físicamente.

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No obstante que muchas de las agresiones a los niños no se denuncian, igual la cifra es alarmante, pero al parecer nada de esto inmuta al Congreso –que como sabemos está de vacaciones–, y a la ministra de la Mujer, quien debería estar impulsando esto, pero tiene centrado su interés en otras cosas.

Actualmente situaciones como la del niño agredido por su padrastro, divulgada recientemente por la prensa, se regulan por el Código Penal como lesiones leves o graves dependiendo de la magnitud de la agresión. Se trata de una norma general porque regula las lesiones contra cualquier persona, y que agrava la pena si se trata de menores. Pero no aborda la frecuente problemática de violencia y constante agresión física y psicológica al interior de las familias, a la que resultan expuestos los menores debido a su mayor vulnerabilidad.

Las cifras revelan que episodios como el del niño agredido por su padrastro no son aislados. Lamentablemente la violencia contra los menores se da con mucha frecuencia en el entorno familiar. La indiferencia e incapacidad del Congreso puede costarle al país no solo la integridad sino la vida de nuestros niños. Pero no nos engañemos, aun cuando se expida un nuevo Código las cosas no cambiarán mucho, lo que realmente se necesita son dos cambios: un Estado realmente eficiente con efectivas políticas públicas de protección a los menores, y una mayor participación ciudadana que denuncie  a estos agresores y que exija que el Estado cumpla su papel.

En realidad es en este tipo de cosas, aparentemente pequeñas, que afligen al hombre común, donde podemos comprobar si estamos o no en una falsa democracia. Lamentablemente, para la gran cantidad de menores que sufren este tipo de abuso y violencia, Estado sigue estando en deuda.

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Caso Omonte: ¿”Error” o violación de la Constitución?

No es cierto que la ministra de la Mujer haya cometido un “error”, como ella afirma, o una simple falta como sostienen sus defensores. Lisa y llanamente ha violado la Constitución y la ley. Solo puede afirmarse lo contrario con una interpretación minimalista del art. 38 de la Constitución, el cual establece que todos estamos obligados a cumplir la Carta y el ordenamiento jurídico.

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La Constitución no es un simple catálogo de buenas intenciones o principios programáticos que algún día se alcanzarán, sino una norma jurídica con carácter vinculante, lo mismo que los dispositivos que descienden de ella, más aún si regulan derechos fundamentales como el de la seguridad social. Desde luego, este carácter vinculante lo es para el hombre común, pero con mayor firmeza lo es para un alto funcionario público.

De ahí que no haber inscrito en el seguro social, no pagar la CTS y las vacaciones truncas de su empleada del hogar son hechos gravísimos porque se trata de un inexcusable desprecio del respeto a la ley, y más viniendo de quien dirige el Ministerio de la Mujer. Es trágicamente paradójico que quien es la responsable de proteger a sectores vulnerables, precisamente como las trabajadoras del hogar, desconozca la ley, o peor aún conociéndola la transgreda. En cualquier caso su conducta y permanencia en el gabinete es indefendible tanto política como jurídicamente.

Pero lo que hace aún más preocupante la situación es que el Presidente no se haya inmutado; en cualquier gobierno auténticamente democrático y realmente comprometido con el respeto de la Constitución y la ley, un ministro así no hubiese durado un minuto. La permanencia de la ministra Omonte en el gabinete no solo revela una inaceptable tolerancia del gobierno a que se trasgreda a la Constitución y el ordenamiento legal, también refleja respecto de la ciudadanía una preocupante incapacidad de indignarnos frente a estos hechos.

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Ley Pulpin para congresistas y ministros

Qué tal si aplicamos la “Ley Pulpin” a los congresistas de la República. La gran mayoría de ellos no tiene ninguna experiencia y menos formación en la tarea de hacer leyes. O qué tal si aplicamos esta norma a los ministros que tampoco tienen mucha experiencia en conducir los asuntos de Estado, pero que igual desde abril ganan 30 mil nuevos soles, más gratificaciones, CTS y vacaciones. Tal vez así recuerden que somos los contribuyentes quienes pagamos los ensayos y los fracasos de los políticos.No tengo duda que esta Ley de promoción del empleo juvenil será un fracaso más que estos señores nos dejarán. Veamos por qué.

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Los promotores de la norma dicen que sus objetivos son disminuir el desempleo de los jóvenes y reducir la informalidad. Para eso sostienen que es necesario eliminar “temporalmente” ciertos derechos (como las gratificaciones y la CTS). El ministro de Economía ha dicho que las protestas de los jóvenes se deben a la desinformación y a la política. Estoy de acuerdo, en esto hay mucho de ello, pero la desinformación y la politiquería provienen del gobierno. Una norma de este tipo solo puede ser producto de la ingenuidad o la desinformación, pero también del exceso.

Tal vez lo que haya confundido a estos “defensores del trabajo de los jóvenes” sean algunas cifras. En el Perú el 70% del empleo es informal y en los más jóvenes este porcentaje escala a 80%. Además, el costo laboral en el Perú supera el 50%, mientras que en países como Chile y Argentina no pasa del 35%. Por supuesto, parecen números elocuentes, y si queremos ser competitivos en el mercado global del empleo algo debemos hacer, pero en verdad estas cifras solas no desnudan las verdaderas causas de la realidad que se pretende cambiar.

¿Es acaso el costo laboral la causa del desempleo y la informalidad? Desde luego que no, el ejemplo que desbarata esta premisa es el régimen de las micro empresas, que reduce tantos derechos como la Ley de empleo juvenil. El costo laboral en dicho régimen es de 8.3%, y pese a que lleva más de 12 años su aplicación no ha aumentado el empleo ni reducido la informalidad. En su hora también se argumentó que esta ley cambiaría el panorama laboral e incentivaría la formalidad. ¿Por qué no lo ha conseguido? Sencillamente porque la causa de estos problemas no es solo el costo laboral, sino una pluralidad de razones, que deben ser atacadas conjuntamente. Tenemos un sistema estatal que protege y promueve la informalidad, y consiguientemente desalienta la contratación formal. El problema de la informalidad no radica en el costo laboral. Es mucho más complejo, en realidad tiene que ver con la crisis de un tipo de Estado, con su burocratización, con su ineficiencia, con su laberíntica tributación, con la enquistada y generalizada corrupción, que desalienta el pago de los tributos porque la gente siente que estos irán a los bolsillos de corruptos o incapaces.

En un contexto así, con un Estado ineficiente, con una clase política deslegitimada, un recorte tan radical de los derechos laborales de los jóvenes no solo no será aceptado por estos, sino que no tienen ninguna posibilidad de cumplir sus objetivos. Pero aun más, la ley es un exceso, que revela que vivimos en un sistema en el que las instituciones públicas son controladas por los grandes grupos empresariales. Como es obvio, esta ley no será utilizada por la micro empresas sino por empresas como los bancos, que solo en el primer semestre de este año tuvieron ganancias por 2,413 millones, o por los grandes centros comerciales que hoy mismo explotan a los jóvenes y que en buena cuenta esta ley viene a formalizar.

En suma, este no es un problema legal, es un problema político. La norma desnuda una cruda realidad: no tenemos una verdadera clase dirigente que entienda y conduzca el Estado de una manera independiente.

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Los límites legales del Twitter y libertad de expresión

“Yo respeto la libertad de expresión”, dijo la Primera Ministra Jara al ser requerida por la prensa, cuando se le preguntó sobre los tuits del Ministro Urresti. Unos días después endureció su posición, con toda razón, pues varios de los tuits del ministro no son ejercicio de libertad de expresión, sino delitos de difamación agravada como oportunamente lo señalamos.

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El caso Urresti en el Twitter es una buena ocasión para recordar cuáles son los límites legales del uso de este medio social y cuáles los alcances de la verdadera libertad de expresión.

Desde luego las fronteras del Twitter están en el derecho al honor y el derecho a la privacidad,  y su uso en la arena política no se rige por reglas distintas. Si bien es verdad que todo político debe tener claro que está sometido a un mayor escrutinio público, incluso en su ámbito privado  (estándar de mayor umbral de tolerancia reconocido por la CIDH), ello no significa que los políticos carezcan de tales derechos, y  más aún sus familiares o círculo íntimo –que no son personajes públicos–, quienes en ningún caso estarán sometido al mismo estándar.

Sea a través del twitter o por cualquier medio masivo se comete delito contra el honor cuando se atribuye un hecho, calidad o conducta que pueda perjudicar el honor o la reputación de una persona, realizada de tal modo que pueda difundirse la ofensa (art. 132 del Código Penal). Incluso si quien publica el tuit no lo ha creado y “solo lo ha retuiteado”, igual comete el delito pues el verbo rector que utiliza el Código es “difundir”.

De ahí que  insultar o agraviar no es un discurso protegido por el derecho a la libertad de expresión. “Trampa”, “choque y fuga” son frases claramente agraviantes, y colocar la imagen de una dama y atribuir tal condición o calificar sus relaciones de esta manera calzan sin duda en el tipo penal señalado.

No obstante, es muy probable que Urresti no sea denunciado pues el ejercicio de la acción en este tipo de delitos es privado, es decir, solo las agraviadas pueden iniciar la acción penal y es evidente que difícilmente se hará.

Aunque el ministro Urresti atina al entender que un político es esencialmente un comunicador, falla al no comprender que todo comunicador en el fondo es un educador y mucho más un político. El ministro del Interior tiene todo el derecho de defenderse de los ataques de sus adversarios políticos, pero como autoridad tiene la obligación de conocer y respetar la ley.

El caso Urresti es revelador pues quien debe combatir el delito desconoce que a través de sus tuits los comete. Estos hechos y lo sucedido en otros ámbitos evidencian que son tiempos difíciles para la libertad de expresión no solo por las amenazas que se ciernen sobre ella (caso La Cautiva), sino por los excesos de quienes creen ejercerla.

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La justicia, un poder peligroso

De la manera cómo miremos los problemas los resolveremos. Desde la visión de nuestra clase dirigente parece evidente que la situación en el Poder Judicial no es un problema. En los últimos gobiernos se ha hecho muy poco por mejorar la administración de justicia; su ruinoso estado actual no deja espacio para que la duda los favorezca.

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En una reciente encuesta de Gallup se informa que en el Perú el 80 % de la población desconfía de la justicia; ocupamos el último lugar en la región. Esto se ratifica en el informe Doing Business 2014, en el que, en un tema tan sensible para la economía como es el cumplimiento de los contratos, el Perú se encuentra en el puesto 105, muy por detrás de Argentina y Chile que ocupan los puestos 57 y 64, respectivamente, e incluso por debajo de Venezuela y Ecuador,  que se ubican en los puestos 92 y 99. Este puesto nos lo hemos ganado porque cumplir los contratos en el Perú demora, en promedio, 426 días y el costo es del 36 % de su valor.

Pero el ciudadano común no necesita de encuestas e informes para comprobar esta realidad. Si tiene la desgracia de ser demandado o tener que demandar, una vez dentro del sistema ingresará a un laberinto jurídico caracterizado por el retraso, el absurdo, la ineficiencia, la corrupción y la total incertidumbre de cómo terminará el juicio.

Solo para detenernos en uno de sus males, el avance tecnológico del servicio de justicia es muy pobre; tenemos una de las justicias más atrasadas. En pleno siglo XXI no es posible presentar una demanda por la web, y no es que estemos pidiendo demasiado, en pequeños países como Puerto Rico esto es una realidad que no sorprende a nadie. Peor aún, en algo tan básico como la notificación electrónica apenas hemos avanzado un 30 % de los procesos, es decir, el 70 % de un millón doscientas mil causas siguen en el reino del papel y la morosidad.

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Pero volvamos al inicio, el tema central es que para la clase dirigente la situación de la justicia, su estado de debilidad y crisis permanente pareciera algo normal, y que no nos afecta. La realidad debería ser muy diferente, un Poder Judicial fuerte logra que la democracia no sea una mentira para el hombre común, porque además de garantizar los derechos del ciudadano ayuda a eliminar la pobreza y la desigualdad, y es el mejor incentivo para la inversión.

Por qué algo tan evidente como la urgente modernización de la justicia parece invisible a los ojos de los políticos. ¿No será que la raíz del problema es que una justicia fuerte e independiente es una amenaza para los excesos del poder económico y el poder político?

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Transparencia económica de los políticos ahora

Una de las ideas más firmes en la democracia es que el derecho del ciudadano a conocer vence al derecho del político a ocultar. De esta idea se deriva una regla básica para el hombre público, o para quien aspire a serlo, todo aquel que pretenda conducir la hacienda estatal debe ser transparente en su economía personal.25

El silencio y la opacidad no pueden ser la respuesta en un sistema democrático; la transparencia y el acceso a la información de los políticos deben ser la regla. Desafortunadamente en nuestro ordenamiento electoral no existe la obligación legal de que los candidatos informen sobre sus bienes y rentas, por lo que tenemos políticos que sencillamente no declaran o declaran que no poseen nada, sin embargo tienen campañas millonarias. Conductas como estas pueden ser la antesala de graves situaciones de corrupción que los ciudadanos podemos atajar.

En época electoral los políticos suelen ser más concesivos, más abiertos a los cambios y avances en el sistema político. Por ello, el actual proceso electoral es una excelente ocasión para exigir estos cambios y sentar las bases de una cultura de transparencia económica en la política. No es necesario para esto grandes reformas, a menudo para mejorar la calidad de la política basta dar pasos simples pero eficientes.

Proponemos dos, el primero de ellos impulsar que en esta campaña todos los candidatos informen sobre su patrimonio, bienes y rentas en el formato digital que con ese propósito el Tribunal de Honor del Pacto Ético ha implementado en la web del JNE. Así, a los candidatos que quieran ser transparentes no les tomará más de unos minutos revelar esta información. Antes del día de las elecciones el Tribunal de Honor informará cuántos y quiénes han declarado esta información.

Las formas en política suelen ser el fondo; qué tan transparentes sean ahora quienes aspiran a ser elegidos, nos dirá qué tanto lo serán en el ejercicio de sus funciones. En muchos casos esto no solo revelará su visión de la política sino probablemente sus intenciones y sus acciones ya en la función pública.

La transparencia económica de los políticos no solo es una herramienta fundamental en la prevención y la lucha contra la corrupción, sino un elemento esencial para el ejercicio del voto informado. La falta de ella debilita la confianza y la credibilidad de los políticos. De ahí que, un esfuerzo en esta dirección se encamina sobre todo a fortalecer la clase política.

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El segundo paso es exigir que el Congreso apruebe una norma que se incorpore a la legislación electoral, que establezca como obligación que los candidatos revelen su información económica; esto facilitará el control y la vigilancia ciudadana, y contribuirá a terminar con la cultura del secreto. A fin de concretarlo proponemos iniciar una campaña ciudadana, vía Internet, mediante la cual los ciudadanos respalden esta iniciativa y para hacer público los nombres de congresistas que la promuevan o de quienes se opongan.

Una de las reglas básicas de la democracia es que los asuntos públicos y la conducta de los políticos deben estar sometidos al escrutinio ciudadano; pero mejorar la calidad de la política no es tarea solo de los políticos, ellos no harán lo que nosotros no les exijamos.

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El fin de la universidad

La necesidad de una nueva ley universitaria era evidente, pero más lo era la necesidad de un amplio consenso, de un debate plural sobre un tema tan crucial para la sociedad, así como para millones de jóvenes. Quién puede ocultar lo evidente, que la educación se encuentra en una situación crítica, que en términos de estándares de calidad y resultados estamos muy a la zaga; quién puede negar que la educación es un servicio público básico que el Estado no puede renunciar a regular.

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Pero del mismo modo que no se puede cerrar los ojos ante la crítica situación de las universidades, tampoco se puede negar que el Estado ha sido incapaz de garantizar  siquiera una educación inicial de calidad. Por ello, que se empeñe ahora en acreditar la calidad de la educación universitaria es sencillamente ilusorio, más aún si lo pretende hacer mediante un ente burocrático cuasi policiaco como el tipo de superintendencia que crea la nueva Ley Universitaria.

Se está cometiendo una gran irresponsabilidad que puede comprometer el futuro de toda una generación de jóvenes. Vamos a pasar de una suerte de autocontrol, que en definitiva no ha funcionado, de un cuasi libertinaje  -que nos ha conducido, en ámbito universitario, a lo más cercano al caos del tránsito vehicular-, a un régimen vertical, controlista, burocrático y de modelo único, que liquidará la libertad universitaria. Ambos extremos han probado ser impracticables y reñidos con la realidad, pero sobre todo con el verdadero fin de la universidad.

Es verdad que el propósito inmediato de la universidad es el desarrollo de competencias, capacidades y técnicas en los estudiantes en determinadas profesiones, que les permita a un mismo tiempo su auto realización y su inserción con la demanda laboral; pero, también, la universidad tiene un fin institucional no menos importante. Debe ser un actor crítico de la sociedad, siempre presente en los grandes temas del país. Pero la pregunta es: ¿podrá serlo si la vigila un comisario que tiene en sus manos la revocatoria de su licencia?

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La garantía de que lo sea es la libertad (autonomía) universitaria, que es una suerte de derecho básico, una obligación que el Estado se compromete a respetar frente a los ciudadanos. Precisamente por eso es un derecho mínimo, lo que implica que el Estado debe tender a maximizarlo, es decir, no solo a respetarlo sino a extenderlo.

La mejor manera de eliminar una libertad es estatizarla, ponerla en manos de un ente burocrático como el tipo de superintendencia que se creará. En definitiva, en el Parlamento no se ha entendido que existe una relación directa entre Estado y sociedad democrática; que es necesaria la vigencia de una universidad científica, crítica, tolerante y plural, lo cual es simplemente imposible con un modelo de universidad único, dictado y controlado desde la burocracia.

No dudo de las buenas intenciones de algunos, pero a menudo los parlamentarios son víctimas de espejismo jurídico, confunden el Derecho con la realidad, las normas con los hechos. No entienden que el Derecho es muy complejo y, como sucede en la conocida sinfonía de P. Dukas, El Aprendiz de Brujo, a menudo con una ley se desatan fuerzas que luego no se pueden controlar. La desgracia con estos aprendices es que están jugando con el futuro de millones de jóvenes y del país.

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